El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Venta Local de Productos Agroalimentarios, que pretende mejorar la viabilidad y los resultados económicos de las explotaciones agrarias haciendo que su producción sea vendida directamente a un consumidor final o mediante un único intermediario, que sería un establecimiento local o una empresa de distribución.
La iniciativa presentada por Podemos establece el sistema de identificación de los productos, productores, puntos de venta y establecimientos locales que realicen la venta o suministro de los productos mediante una herramienta que busca elevar la renta de los productores agrarios mediante el aumento del valor añadido que generan estas formas de venta, así como el fomento y la creación de explotaciones o empresas agrarias viables y sostenibles.
Los dos objetivos de la ley son mejorar los resultados económicos de los titulares de explotaciones agrarias a través de una mayor participación en la comercialización de sus productos, así como facilitar y fomentar el acceso a productos con un valor añadido de proximidad y de información sobre su procedencia, coste real, sistemas de producción y condiciones de sostenibilidad.
Bajo la denominación de venta local se regulan dos modalidades: la venta directa de productos realizada directamente al consumidor final por un productor agrario o forestal o una agrupación, entregándose en la propia explotación, en establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación, en ferias y mercados locales y en el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el propio grupo de consumo.
La otra opción es la venta en canal corto de comercialización a través de un único intermediario, sea este un establecimiento local o una empresa de distribución. En todo caso, el lugar de entrega de los productos al consumidor final estará ubicado en el territorio de la Región.
Dado que uno de los objetivos de la ley es acrecentar los resultados económicos de los productores agrarios, se excluyen de su ámbito de aplicación los productos de la caza y la pesca y los animales vivos, excepto los caracoles de granja, sin perjuicio de que puedan seguir comercializándose de acuerdo con la normativa específica que los regula.
Para facilitar un mejor conocimiento por parte de los consumidores de los puntos de venta local, la norma establece que la Comunidad otorgue un distintivo que permita su identificación, en armonía con otras marcas y figuras de calidad ya existentes, como las denominaciones de origen protegidas, razas autóctonas, productos de montaña o certificaciones de producción ecológica.
Finalmente, la Comunidad llevará actuaciones de fomento y de control oficial para detectar incumplimientos de la normativa propia de seguridad y calidad alimentaria, de salud pública, de comercio o de consumo, lo que dará lugar al correspondiente procedimiento sancionador y, en su caso, a las medidas correspondientes, incluidas en su caso las sanciones previstas.
Desde el grupo proponente, la diputada de Podemos María Giménez ha considerado "primordial" que haya un nuevo sistema local de distribución para mejorar el desarrollo rural y consolidar proyectos de emprendimiento rural, mientras que el parlamentario socialista Jesús Navarro ha apuntado que las cadenas cortas son "cada vez más de mandadas" por los consumidores, al tiempo que los agricultores "no dependen" de las grandes cadenas de distribución.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel López-Morell ha incidido en que esta norma fomenta la economía familiar en el mundo agrario, ayudará a evitar el despoblamiento rural y reducirá el impacto ambiental en el traslado de los productos, mientras que el parlamentario del PP Jesús Cano ha subrayado que la ley mejora el rendimiento económico de los agricultores a través de la venta directa.