La pregunta aunque pueda parecer retórica no lo es, ya que está en la mente de todos nosotros. Parece consustancial al binomio dinero público/partidos políticos, aunque no tenga porque ser así.

De hecho en los diversos artículos que he escrito en este medio siempre he hablado de los distintos ejes transversales en los que se apoya la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y que uno de los principales es la lucha contra la corrupción y la transparencia como su principal herramienta. Aún así sin un compromiso real por parte de de las personas e Instituciones que conforman las dos partes con que  convergen en la contratación, como son las distintas Administraciones Públicas (AA.PP.) y los “operadores económicos”, no será nunca posible, o lo que es lo mismo, sin un compromiso ético no podremos vencer nunca los casos de corrupción, o la simple sospecha, que han venido salpicando nuestra contratación pública. Por lo que van bien encaminados los pasos dados en ese sentido en la Ley, pero habría que ir mucho más allá para obtener los resultados esperados.

Porque con los principios inspiradores de la legislación al respecto: Igualdad de trato, libre concurrencia, publicidad y transparencia, tendría que ser suficiente para no tener casos de corrupción y se ha demostrado que no es así.

Y además no puede quedarse nadie al margen por lo que también está bastante claro, ya  que donde hay un funcionario corrupto hay un particular que corrompe. Por lo que ese compromiso se adquiere en las dos partes o al final volverá a descarrilar el tren. Y es algo que ni podemos ni debemos permitirnos como sociedad.

Como el tema creo que da para más en próximos artículos iremos profundizando.

Linkedin: José Mª. Gregorio Molina