El pasado 15 de abril de este 2019 escribíamos en este mismo espacio sobre la aprobación de un plan del Gobierno Central para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la LCSP. En el mismo aporté más preguntas que respuestas.

El Plan aparece publicado el pasado sábado 21 de mayo y una de las cosas buenas que tiene es que tiene poco más de cinco páginas, de las que las dos primeras son un preámbulo dedicado a dejar constancia del marco legal, jurídico y documental sobre el que ha nacido la Ley.

Así comienza su exposición recordando la importancia de las tres Directivas de la UE de 2014 que impulsan de manera decidida la “contratación pública estratégica” y que han sido traspuestas. Más adelante se detiene en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión y en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Contratación Pública.

A continuación centra su enfoque en el ámbito nacional, donde repasa los diversos instrumentos que se desarrollan hasta la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Y donde destaca el carácter transversal, del que tanta veces hemos hablado, que representa la “contratación pública responsable” y lo que esta va a suponer para los órganos de contratación.

Además el Plan prevé la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Que si nadie lo remedia solo va a servir para aumentar la burocratización del proceso.

Y ya por último este preámbulo fija una tercera base en la atención a la necesaria profesionalización, a través de la formación, de las personas que tramiten expedientes y procedimientos de licitación de contratos.
Sobre esa triple arquitectura desarrolla a continuación lo que es el Plan es sí mismo, en las siguientes tres páginas.

Y como nos preguntábamos en la anterior entrada, en el supuesto de que el gobierno aprobara las elecciones, lo único que podría pasar es que sirviera para fijar la posición del Gobierno y poco más. Y la verdad es que en poco nos hemos equivocado. Y seguro que van a preguntar. ¿Y por qué?

• Porque su ámbito de actuación está limitado a la Administración General del Estado y cuantas entidades y organismo lo integran.

• Porque sus dos objetivos tienen tan poca enjundia, por un lado impulsar la “contratación pública estratégica socialmente responsable” se recoge sobradamente en la Ley, por el otro impulsar la creación de un grupo de trabajo que realícelas tareas preparatorias para la aprobación del Consejo de Ministros, que no hace necesaria la elaboración de un Plan.

• Esta bien lo de formar al personal que va a gestionar el Plan de las AA.PP., pero la profesionalización si se hace solo de una parte va a ser difícil que ande con cierta naturalidad.

Dicho esto, no hace daño a nadie el presente Plan, pero tener un plan que de plan tiene el nombre y poco más, tampoco creo que nos sirva de mucho.

Linkedin: José Mª, Gregorio Molina