Fieles a nuestro compromiso, pero con el ánimo de cerrar de forma momentáneamente  el análisis, vamos a retomar el tema de la integridad en la contratación pública donde lo dejamos en nuestra última colaboración. En ella analizábamos una de las experiencias llevada a cabo por una Administración pública, la local, en aras a conseguir una metodología de trabajo que le lleve a la excelencia ética.

En esa misma colaboración apuntábamos a que le tocaba el turno de comprometerse a los “operadores económicos”, ya que el país no soporte por más tiempo el coste moral de la corrupción ni tampoco el coste económico que supone la misma. Aquellas empresas y personas que no sepan sintonizar con los nuevos paradigmas en los que se basa la LCSP deberían ser expulsadas del sistema por los propios operadores económicos.

¿Y eso como se hace?, en primer lugar partiendo del convencimiento, ya que sin este es imposible avanzar o mejor,  lo que pueda salir de ahí no tendrá el más mínimo valor. En segundo lugar se deberían reunir, en torno a un perfil  independiente que dé garantías públicas al proceso, la representación amplia y proporcional del sector, sin dejar de invitar a participar a otros sectores como el judicial, académico, entre otros. En tercer lugar hay que trabajar con total transparencia, donde los avances sean conocidos en tiempo real por quien pudiera tener interés en los temas que se abordan. Cuarto, es conveniente establecer sistemas de control y evaluación que permitan saber  cuáles de las actuaciones sirven a los objetivos propuestos y cuáles no. Por último se recogerá de forma sintética, a modo de  decálogo,  los compromisos adquiridos, así como un reconocimiento público, a modo de certificado que sirve para dar visibilidad y reconocimiento a quien cumpla con lo pactado.

En esta línea iba la propuesta que presenté el pasado 19 de junio en el foro de Diálogos de FRECOM, especialmente dirigida a la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia, en el sentido de la puesta en marcha de un proceso para la elaboración de un Código Ético que sirviera para posicionarse ante la sociedad como un sector capaz de adaptase a los nuevos tiempos y dejar viejos hábitos atrás.

Creo que en estos cuatro capítulos dedicados a la ética y la contratación pública hemos podido ver lo que aporta la nueva legislación al tema, para después ver cosas se pueden hacer desde cada parte que componen la contratación pública para conseguir incorporar el nuevo paradigma a la praxis diaria.

Linkedin: José Mª. Gregorio Molina