Conjeturas bancarias
Las medidas adoptados por el Gobierno de España en el nuevo capítulo de la reforma financiera no se limitan a exigir 28.000 millones de provisiones adicionales a los ajustes de 52.000 millones de euros de la reforma de febrero. La obligación de sacar de los balances los activos inmobiliarios adjudicados a sociedades en las que cada banco deberá tener menos del 20% y la valoración independiente de toda la cartera de activos del sector financiero, no sólo de los activos inmobiliarios, tiene implicaciones de gran calado en todas y cada una de las entidades financieras.
El cálculo de las nuevas necesidades de provisiones de 28.000 millones de euros se ha realizado aplicando criterios más exigentes sólo al crédito promotor y constructor. Así, incluso al crédito inmobiliario "sano" a día de hoy, se le exige una provisión del 30% de media. La actual coyuntura de recesión económica provocará que el volumen de activos "problemáticos" del sector inmobiliario y constructor aumente durante 2012 y 2013. Con el incremento de la exigencia de provisiones se pretende poner la venda antes de que exista la herida.
El crédito promotor y constructor sólo supone el 20% del total de crédito al sector privado, pero genera cerca del 60% de la mora. Sobre el restante 80% de los préstamos al sector privado (hipotecario, consumo y empresas) no se ha aplicado ningún ajuste adicional, pero inevitablemente la mora se incrementará, y con ella las necesidades de provisiones adicionales.
Las valoraciones "independientes" encargadas a entidades internacionales valorarán el riesgo de toda la cartera de activos del sector financiero, y no sólo los activos y préstamos inmobiliarios. Se pretende estimar la diferencia entre el valor en libros de los activos inmobiliarios, su valor actual ajustado y su valor bajo escenario de estrés. Posteriormente se realizará la valoración sobre el resto de préstamos.
La valoración de los activos bancarios en una situación de estrés inevitablemente será inferior a la valoración contable actual, y exigiría, de producirse dicha situación de máxima tensión, un aumento significativo de provisiones adicionales. A diferencia de las pruebas de estrés de 2011 y 2010 aplicadas a toda la gran banca europea, en esta ocasión el examen sólo se realizará sobre los bancos españoles.
No es difícil anticipar que los valoradores "independientes" estimarán que en situación de estrés, las necesidades de provisiones adicionales en la banca española ascenderían a una cifra muy superior a los 28.000 millones exigidos por la reforma recién aprobada. La cifra resultante aparecerá en primera plana de los principales periódicos financieros internacionales (FT, WSJ, ...) creándose una necesidad de facto en aportar esos recursos en el sistema financiero español.
La cifra inevitablemente superará los 15.000 millones de aportación pública que estimaba el gobierno en la presentación de la reforma. ¿De dónde procederán los recursos?
Parte de recursos procederán de la conversión de obligaciones preferentes y obligaciones subordinadas en acciones, con la consiguiente dilución y caída de valor de las ya golpeadas cotizaciones de los bancos. El resto previsiblemente vendrían de Europa.
Afortunadamente, a partir de julio de este año entre en funcionamiento el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), programa diseñado en 2010 por las autoridades europeas, que permite la compra de deuda pública en mercado primario y secundario, así como otorgar préstamos específicamente dirigidos a la recapitalización de bancos.
El puzle encaja: unas entidades valoran los activos bancarios, entre ellos los inmobiliarios; los bancos sacan los inmuebles adjudicas de sus balances a la valoración determinada por los valoradores independientes; inversores extranjeros adquieren la mayoría del capital de dichas sociedades a valoraciones sumamente estresadas; los bancos se recapitalizan con la ayuda de los préstamos del MEDE.
De cumplirse todas estas conjeturas, España conseguiría despejar toda duda sobre la solidez de nuestro sistema financiero y algunos inversores internacionales harían un buen negocio adquiriendo sociedades inmobiliarias a precios de derribo. Sin duda, Europa pondrá exigencias y contrapartidas a la ayuda a la banca española.
Hasta que este proceso culmine quedan días de tensión, pero la solución a la actual incertidumbre bancaria parece estar más cerca, pese a la extrema tensión de las bolsas.
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Las valoraciones "independientes" encargadas a entidades internacionales valorarán el riesgo de toda la cartera de activos del sector financiero, y no sólo los activos y préstamos inmobiliarios. Se pretende estimar la diferencia entre el valor en libros de los activos inmobiliarios, su valor actual ajustado y su valor bajo escenario de estrés. Posteriormente se realizará la valoración sobre el resto de préstamos.
La valoración de los activos bancarios en una situación de estrés inevitablemente será inferior a la valoración contable actual, y exigiría, de producirse dicha situación de máxima tensión, un aumento significativo de provisiones adicionales. A diferencia de las pruebas de estrés de 2011 y 2010 aplicadas a toda la gran banca europea, en esta ocasión el examen sólo se realizará sobre los bancos españoles.
No es difícil anticipar que los valoradores "independientes" estimarán que en situación de estrés, las necesidades de provisiones adicionales en la banca española ascenderían a una cifra muy superior a los 28.000 millones exigidos por la reforma recién aprobada. La cifra resultante aparecerá en primera plana de los principales periódicos financieros internacionales (FT, WSJ, ...) creándose una necesidad de facto en aportar esos recursos en el sistema financiero español.
La cifra inevitablemente superará los 15.000 millones de aportación pública que estimaba el gobierno en la presentación de la reforma. ¿De dónde procederán los recursos?
Parte de recursos procederán de la conversión de obligaciones preferentes y obligaciones subordinadas en acciones, con la consiguiente dilución y caída de valor de las ya golpeadas cotizaciones de los bancos. El resto previsiblemente vendrían de Europa.
Afortunadamente, a partir de julio de este año entre en funcionamiento el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), programa diseñado en 2010 por las autoridades europeas, que permite la compra de deuda pública en mercado primario y secundario, así como otorgar préstamos específicamente dirigidos a la recapitalización de bancos.
El puzle encaja: unas entidades valoran los activos bancarios, entre ellos los inmobiliarios; los bancos sacan los inmuebles adjudicas de sus balances a la valoración determinada por los valoradores independientes; inversores extranjeros adquieren la mayoría del capital de dichas sociedades a valoraciones sumamente estresadas; los bancos se recapitalizan con la ayuda de los préstamos del MEDE.
De cumplirse todas estas conjeturas, España conseguiría despejar toda duda sobre la solidez de nuestro sistema financiero y algunos inversores internacionales harían un buen negocio adquiriendo sociedades inmobiliarias a precios de derribo. Sin duda, Europa pondrá exigencias y contrapartidas a la ayuda a la banca española.
Hasta que este proceso culmine quedan días de tensión, pero la solución a la actual incertidumbre bancaria parece estar más cerca, pese a la extrema tensión de las bolsas.
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