Desde el principio de mis colaboraciones en este medio he insistido en la importancia que la actual Ley de contratos del sector público (LCSP) da a la lucha contra la corrupción, convirtiéndose en uno de los principales ejes transversales de la presente Ley, no es menos cierto que hasta ahora  hemos hablado fundamentalmente a nivel teórico, también es cierto que la corrupción no es una, sino más bien al contrario es diversa y cambiante, lo que hace muy difícil, que no imposible, la lucha contra ella.

No obstante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que “es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”, está decidido a asumir un papel fundamental en esta estrategia de lucha contra la corrupción en el mercado público, en la parte que le corresponde, siendo la lucha contra los cárteles (según la RAE de la Lengua  ‘convenio entre empresas para evitar la competencia’)  uno de sus principales objetivos.

Tanto es así que este verano, y fruto de un largo trabajo de investigación, han aparecido dos noticias relacionadas con CNMC y con los cárteles de conservación de carreteras y el de consultoría.

La primera de ellas la pudimos leer en este mismo diario, Murciaeconomia, el pasado 26 de julio nos traía el siguiente titular: “Competencia expedienta a 13 ‘grandes’ de la conservación de carreteras por repartirse contratos”. Entre las que menciona a  “Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, entre otras, algunas de ellas ya sancionadas por amañar licitaciones del AVE”,

 Y en cuanto a la segunda apareció en el diario El País de este 16 de agosto y que recogía el siguiente titular no menos espectacular: “Competencia amplía a otras 11 empresas la investigación sobre el cartel de las consultoras”, concluyendo que “En total se suman 36 compañías sancionadas, entre las que se incluyen Indra, Everis Spain y KPMG Asesores”.

En resumen podemos estar contentos porque el sistema funciona al  detectar la mala praxis y sancionarla. Pero por otro produce desolación pensar que tantas y tan grandes compañías se vean señaladas por el Organismo público como culpables de corrupción en la contratación pública.

Es por ello que sigo insistiendo, en adoptar medidas preventivas antes que las coercitivas, puesto que cuando se llega a ellas el daño a la credibilidad del sistema público de contratación ya está hecho.

Linkedin: José Mª. Gregorio Molina