Un matrimonio y su hijo, propietarios de la empresa molinense Fitosa, serán juzgados por sendos delitos de alzamiento de bienes al deshacerse de una parte especialmente significativa de sus fincas, que habían sido ofrecidas como garantía de la devolución de un préstamo de casi 900.000 euros.

Un auto de la Audiencia Provincial de Murcia desestima su recurso contra la resolución de un juzgado de instrucción de esa ciudad que acordó ir a la apertura de juicio oral continuando las diligencias abiertas contra ellos por los trámites del procedimiento abreviado.

La medida afecta también a las empresas de las que son propietarios: Fitosa, dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, y las del sector inmobiliario ‘Martínez Marín gestión inmobiliaria’ e ‘Inversiones y explotaciones Martínez González.

Dice el tribunal que de lo investigado se deducen indicios que apuntan a que los investigados realizaron actos de disposición de parte de sus bienes que hacían inviable o ineficaz la garantía que estos podrían representar ante las reclamaciones económicas que iban a recibir, como ocurrió.

"Al margen de lo que finalmente resulte en el juicio", comenta la Audiencia, "se infiere razonablemente una estrategia de despatrimonialización de los fiadores dirigida a excluir de su haber inmobiliario esas fincas para grave afectación económica de su acreedores".

Las acciones que dieron origen a este proceso judicial fueron instadas por el Banco Santander, la entidad que concedió el préstamo que se reclama.