La fiscalía ha pedido siete años de prisión y multa de 5.400 euros para los dueños de la empresa inmobiliaria Solera El Trampolín, Antonio Martínez y Rafael Aguilera, a los que acusa de estafar a una decena de matrimonios extranjeros que compraron otras tantas viviendas en la urbanización que promovieron en 2005 en la pedanía murciana de Gea y Truyols.

Las conclusiones provisionales del ministerio público señalan que cometieron, presuntamente, ese delito cuando gravaron las propiedades, de forma unilateral, con dos hipotecas a favor de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), sin que los compradores lo supieran.

Ese gravamen se constituyó en 2007, después de que los denunciados, presuntamente, inmatricularan las casas a favor de la citada empresa, en la que, según el fiscal, Aguilera figuraba como administrador, aunque el otro acusado, presuntamente, también ejercía, de hecho, esa función.

De esa forma, los adquirentes de las viviendas, la mayor parte de los cuales ya residían en las mismas tras haber recibido, todos, las llaves, se encontraron con hipotecas que superaban los 100.000 euros, cuando, en algunos casos, la cantidad pendiente de pago por la compra no superaba los 7.000.

El escrito de acusación reclama, junto con la pena de prisión y multa, que se condene a los denunciados a indemnizar a los perjudicados en las cantidades necesarias para levantar las cargas que pesan sobre sus propiedades.

El tribunal de la Audiencia Provincial ha citado a los acusados por si comparecen y reconocen los hechos, lo que evitaría el desarrollo de la vista oral.