La transformación tecnológica y digital va a tal ritmo que puede abrir barreras infranqueables para muchos de los operadores de la contratación pública.      

Cada vez que comienza un decenio nos pasamos los primeros meses intentando adivinar que nos va a deparar el devenir del mismo. Y sobre todo en los últimos 3 o 4 decenios que la revolución tecnológica ha evolucionado a un ritmo jamás conocido por las anteriores generaciones.

Si eso lo trasladamos al ámbito del sector público, veremos que da vértigo la velocidad que ha cogido el cambio tecnológico a raíz de la entrada en vigor  de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público en la que se establece la obligación de las Administraciones Públicas (AA.PP.) de fijar sus relaciones tanto con los ciudadanos, las empresas y profesionales, así como entre el propio sector público, de forma digital, o como con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, donde, siguiendo la línea marcada por las Directivas comunitarias, se establece la obligatoriedad de la contratación electrónica en todas las fases del proceso.

Para acercarnos de forma ajustada a esta nueva realidad voy a comentar algunos datos del “Barómetro de la Inversión TIC de las AA.PP. en España. 2019 Q1+Q2+Q3” publicado recientemente por la consultora Licitaciones TIC (firma independiente de análisis y consultoría que dedica su actividad a la información y asesoramiento de empresas tecnológicas en su relación con la Administración Pública).

El informe recoge que la cifra de inversión durante los primeros nueve meses de 2019 alcanzó los 2.351,51 M€, en el conjunto de nuestras AA.PP., con un aumento de la inversión, respecto al total de los dos anteriores trimestres de 2019 es de casi un 60%.

Pero como comentaba al principio el ritmo de incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas, como las cadenas de bloques (blockchain), los datos masivos (big data) y la inteligencia artificial (IA), hace que en temas como el de la contratación pública en el plazo de diez años hallamos pasado de la contratación en papel a la electrónica y que ya se empiece a hablar de contratación inteligente, como parte de un proceso evolutivo que se suma al anterior, por lo que la puesta en marcha de este nuevo proceso requiere conocer el anterior.

No obstante ante este último proceso, aunque su incorporación se produce de forma natural, tendremos que llevar cuidado en su implementación, no vayamos a crear brechas digitales tanto entre las administraciones como entre los operadores económicos y lo que es una oportunidad se convierta una barrera infranqueable para muchos de ellos.