Agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena han tramitado hasta este martes 31 denuncias desde la entrada en vigor del Estado de Alarma por incumplir las normas de confinamiento establecidas en el decreto del Gobierno de la Nación.

Las denuncias se han registrado en vía de la ciudad de Cartagena, Los Dolores, Las Seiscientas, Barriada San Ginés, La Aljorra, Pozo Estrecho y el Polígono Industrial. Se tratan de casos en los que los ciudadanos después de ser advertidos han hecho caso omiso a los agentes o resultaban situaciones especialmente chocantes.

Entre ellos los casos de un comercio en Pozo Estrecho, en cuyo interior había varias personas tomando cervezas o ciudadanos que habían salido a pasear o a correr en ropa deportiva u otros que al ser preguntados de dónde venían respondieron que de ver a la novia o a los amigos.

También dos casos de ciudadanos que aprovecharon la circunstancia para ir a vender aparatos averiados de aire acondicionado a una chatarrería del Polígono Cabezo Beaza.

Durante este periodo, los agentes municipales, bajo el mando coordinado de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, han identificado a un total de 120 personas e interceptado a 55 vehículos, para proceder a su identificación y comprobar que transitaban por vías públicas por alguno de los motivos permitidos, como dirigirse a trabajar o a adquirir productos de alimentación o sanitarios, entre otros.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Toralba, ha señalado que “somos conscientes de que es muy complicado quedarse en casa, sin salir durante semanas a otra cosa que no sea comprar comida y medicinas, y aún más con niños pequeños. Pero, o lo hacemos así, o en lugar de semanas serán meses”, al tiempo que ha lamentado que haya personas que "aún no han entendido el riesgo que pretendemos evitar".

"Por más joven y sano que tú seas hay muchas personas de tu entorno a las que estás exponiendo y que pueden sufrir consecuencias muy severas por tu irresponsabilidad”, agregó.

Las denuncias han sido trasladadas a la Delegación del Gobierno, que será quién sancione y establezca la cuantía de las mismas, que podría oscilar entre los 600 y 30.000 euros.