La orden de cierre de toda la actividad productiva no esencial solicitada por el Gobierno murciano al Estado afectaría al 75 por ciento de todo el sector productivo regional, según ha explicado este jueves la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal.

Martínez Vidal ha indicado que aún no han recibido respuesta oficial del Ejecutivo central sobre esa petición, que se formuló el pasado domingo, con el objetivo de maximizar las medidas de confinamiento para evitar la expansión del coronavirus. Mientras no se produzca la autorización oficial del Estado, el Gobierno murciano solo tiene capacidad para apelar a la responsabilidad de los empresarios, ha dicho la portavoz, para que cierren los negocios no relacionados con alimentación o farmacia.

Según datos facilitados por la consejería de Empleo se han presentado hasta el momento en la Comunidad Autónoma un total de 6.580 ERTES, 1.300 de ellos en las últimas 24 horas. Martínez Vidal ha recordado que todos ellos tendrán efectos retroactivos desde el día 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las empresas y trabajadores afectados, puesto que se han reforzado los equipos del Servicio de Empleo y Formación (SEF) para tramitar la “avalancha de solicitudes” en el menor plazo de tiempo posible.

En su sesión de hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria para paliar los efectos económicos del coronavirus, que incluye medidas extraordinarias de aplazamiento del pago de impuestos y de eliminación de tasas.
 

En cuanto a los tributos cedidos, se aplazarán tres meses los pagos de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales en todos los casos en los que el periodo de pago voluntario finalizase entre el 14 de marzo y el 30 de mayo. Entre los tributos propios, se aplazará hasta el 20 de junio el pago de impuestos como los del juego, medioambientales, de almacenamiento y depósito de residuos, vertidos al mar o emisiones de gases.

La ley incluye también la exención de todas las tasas administrativas durante los tres meses posteriores al decreto del estado de alarma, lo que supondrá un ahorro de 4 millones de euros a los ciudadanos. Todas las gestiones con la administración deberán hacerse de manera telemática.

El nuevo decreto se complementa con la modificación del calendario fiscal de tributos locales en los 23 municipios en la que esos impuestos se gestionan a través de la Agencia Tributaria Regional. En cinco de esos municipios se ha modificado ya el periodo de pago del impuesto sobre vehículos, que estaba ahora en su fase de cobro voluntario.