En primer lugar, debemos diferenciar el concepto de ingreso mínimo vital del de renta básica universal, los cuales tienden a confundirse por la ciudadanía y por los propios medios de comunicación. Pues bien, la principal diferencia reside en que la renta básica universal, como su propio nombre indica, es universal, es decir, se trataría de un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a la percepción de una renta transferida por el gobierno a costa de los contribuyentes. De este modo, tanto daría que el ciudadano dedicase sus horas a la vida contemplativa, a tomar caipirinhas, o a emprender un negocio, pues el mero hecho de ser una persona lo habilitaría para reclamar la renta. Creo que, a todos aquellos que valoramos el esfuerzo de las personas que trabajan duro para salir adelante y que comprendemos el enorme incentivo al parasitismo que esta medida conlleva, nos ha de oler mal eso de la renta básica universal.

Frente a la renta básica universal, la percepción del ingreso mínimo vital quedaría sometida a condiciones tales como encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo, realizar programas de formación o carecer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales. Así, el ingreso mínimo vital se presenta como una medida bastante más atractiva, pues en función de cómo se articulen las condiciones que habilitan su percepción se podrá evitar un indeseado efecto desincentivador y parasitario.

Una vez delimitado el concepto de ingreso mínimo vital, es la hora de preguntarnos si se trata o no de una medida pertinente. La respuesta a tal pregunta dependerá de dos factores: las condiciones habilitantes que se establezcan y los medios que se empleen para su financiación.

Por el lado de las condiciones, se debe delimitar con precisión los supuestos habilitantes. En este caso, dichos supuestos deberán comprender a las personas más golpeadas por la crisis, ésto es, aquellas que han perdido su negocio o puesto de trabajo como consecuencia directa de la crisis del COVID-19. Por otro lado, debieran quedar también excluidas aquellas personas que ya reciban otros subsidios y las que perciban otras rentas suficientes por otros medios. En resumen, dos deben ser los criterios centrales que guíen el establecimiento de las condiciones: que la situación de necesidad se haya producido a consecuencia del COVID-19 y que el perceptor de la renta no cuente con medios suficientes para satisfacer sus necesidades. Asimismo, a fin de evitar el parasitismo, resultaría necesario establecer condiciones que garantizasen que el perceptor mantiene una conducta proactiva hacia la búsqueda de empleo y la formación.

En cuanto a los medios de financiación, existen tres posibilidades de actuación: aumentar impuestos, recortar otros gastos o emitir deuda pública. De estas tres conductas, recortar otros gastos se me antoja la más pertinente y respetuosa con el bolsillo de los ciudadanos, pues distintos expertos han señalado que, de someter el ingreso mínimo vital a una condicionalidad razonable, éste no debería suponer un aumento del gasto superior a un 0,5 % del PIB (frente al casi 20 % que supondría la renta básica universal), de modo que con ajustes no demasiado drásticos del gasto público y sin tocar partidas esenciales se podría sufragar. De esta forma se evitaría estrangular todavía más a los ciudadanos con impuestos y contribuir al crecimiento de una deuda pública que se espera que supere el 115% del PIB en esta crisis.

En conclusión, insisto, la pertinencia del ingreso mínimo vital dependerá de las condiciones que se establezcan y los métodos de financiación que se empleen. Por desgracia, el gobierno ya ha anunciado que la financiación de la medida se realizará con cargo a la deuda pública, es decir, que renuncia a la posibilidad de reestructurar el gasto público para no endeudar todavía más a los españoles, los cuales, una vez venza la deuda, tendrán que hacer frente al pago de ésta con más impuestos. En otras palabras, que se acabará de ordeñar hasta la última gota de una vaca cuya leche ya escasea.