Obliga también a estas entidades a reforzar su obra social aunque su domicilio esté fuera de la Región
La Asamblea Regional ha aprobado hoy la modificación de la Ley Regional de Cajas de Ahorros para, entre otras cuestiones, facilitar su acceso a los mercados financieros, permitir su transformación en fundaciones especiales e introducir la nueva figura de las cuotas participativas para su capitalización.
La norma se adapta así a la legislación nacional, a través de la modificación de 40 de sus artículos, que han sido consensuados por el PP y el PSOE, y que no han contado con el apoyo de IU-V, muy crítico con la propuesta.
El diputado del PP Fernando López Miras ha destacado que las cajas han sido el motor y el impulso del crecimiento económico, y su modificación era "imprescindible para mantener su funcionamiento".
Durante su intervención ante el pleno se ha referido al crédito de 100.000 millones de euros para corregir la situación financiera del país, y ha asegurado que esta inyección económica "cobra sentido, porque disponer de balances saneados es básico para canalizar los ahorros y dirigirlos a proyectos de crecimiento económico y reforzar la fluidez del crédito".
La modificación de la norma, ha destacado, reduce y profesionaliza los órganos de gobierno de las cajas, y establece que sus miembros "ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a la que representan", y deberán "gozar de reconocida honorabilidad comercial y profesional".
Además, los miembros de los órganos de gobierno de las cajas tendrán que contar con una importante "capacidad técnica" y una experiencia de no menos de cinco años en funciones relacionadas con la alta administración, ha señalado.
La norma, ha dicho, favorece también la transparencia y el control de las cajas, ya que los titulares de al menos un 5 por ciento de las cuotas participativas podrán acceder a todo tipo de información relativa a la entidad.
Por su parte, el diputado socialista Alfonso Navarro ha destacado que la modificación permitirá a las cajas "desarrollar su objeto como entidades de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero", y facilitará su acceso a los mercados financieros gracias a la emisión de cuotas participativas, mientras que hasta ahora sólo podían capitalizarse a través de los beneficios de su actividad ordinaria.
En cuanto a la función social, la norma prevé que las cajas se puedan transformar en fundaciones de carácter especial, y obliga a las entidades que operen en el territorio regional a realizar inversiones en obra social en ese ámbito, incluso aunque no tengan allí su domicilio social.
El diputado de IU-V José Antonio Pujante ha sido el único que ha votado en contra de esta modificación, y ha recordado que ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, dando como resultado "el fiasco de Bankia".
En su opinión, con la norma se "pretende la privatización total de las cajas" y se introduce una "mayor opacidad" en su gestión.
La norma se adapta así a la legislación nacional, a través de la modificación de 40 de sus artículos, que han sido consensuados por el PP y el PSOE, y que no han contado con el apoyo de IU-V, muy crítico con la propuesta.
El diputado del PP Fernando López Miras ha destacado que las cajas han sido el motor y el impulso del crecimiento económico, y su modificación era "imprescindible para mantener su funcionamiento".
Durante su intervención ante el pleno se ha referido al crédito de 100.000 millones de euros para corregir la situación financiera del país, y ha asegurado que esta inyección económica "cobra sentido, porque disponer de balances saneados es básico para canalizar los ahorros y dirigirlos a proyectos de crecimiento económico y reforzar la fluidez del crédito".
La modificación de la norma, ha destacado, reduce y profesionaliza los órganos de gobierno de las cajas, y establece que sus miembros "ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a la que representan", y deberán "gozar de reconocida honorabilidad comercial y profesional".
Además, los miembros de los órganos de gobierno de las cajas tendrán que contar con una importante "capacidad técnica" y una experiencia de no menos de cinco años en funciones relacionadas con la alta administración, ha señalado.
La norma, ha dicho, favorece también la transparencia y el control de las cajas, ya que los titulares de al menos un 5 por ciento de las cuotas participativas podrán acceder a todo tipo de información relativa a la entidad.
Por su parte, el diputado socialista Alfonso Navarro ha destacado que la modificación permitirá a las cajas "desarrollar su objeto como entidades de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero", y facilitará su acceso a los mercados financieros gracias a la emisión de cuotas participativas, mientras que hasta ahora sólo podían capitalizarse a través de los beneficios de su actividad ordinaria.
En cuanto a la función social, la norma prevé que las cajas se puedan transformar en fundaciones de carácter especial, y obliga a las entidades que operen en el territorio regional a realizar inversiones en obra social en ese ámbito, incluso aunque no tengan allí su domicilio social.
El diputado de IU-V José Antonio Pujante ha sido el único que ha votado en contra de esta modificación, y ha recordado que ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, dando como resultado "el fiasco de Bankia".
En su opinión, con la norma se "pretende la privatización total de las cajas" y se introduce una "mayor opacidad" en su gestión.
