Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han reclamado este lunes un acuerdo entre el Gobierno, los partidos y las organizaciones sociales para la recuperación de los ingresos públicos, que debería tener entre sus prioridades un refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal.

En un comunicado, Gestha sitúa entre las medidas para frenar la "sangría" de ingresos derivada de la crisis del coronavirus la aprobación de la ley de lucha contra el fraude, ya anunciada por el Gobierno pero todavía pendiente de llegar a las Cortes, que entre otras cuestiones limitaría a 1.000 euros los pagos en efectivo.

Los técnicos abogan por aprovechar esta ley para incluir medidas más restrictivas, como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos tributarios de 4 a 10 años e incorporar la responsabilidad solidaria para los asesores que colaboren en el diseño de entramados societarios fraudulentos. También piden a la Agencia Tributaria que refuerce el control sobre las grandes fortunas y los grupos empresariales, que, asegura, reducen sus ingresos pero aumentan sus beneficios.

Junto a esto, Gestha reclama una revisión del gasto público generalizada, en línea con el análisis por fases que ya realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).