La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha manifestado que tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades están planificando la vuelta al próximo curso escolar en septiembre teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar un repunte de la pandemia del coronavirus. Lo ha dicho Montero este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre cómo se iba a organizar la vuelta a clase en el próximo curso si asisten presencialmente la mitad de los alumnos, como ayer sugirió la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista.

Montero ha detallado que ambos ministerios llevan "ya los meses que dura el confinamiento" trabajando con las Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias educativas, para organizar el regreso a las aulas. Según la ministra portavoz, se está arbitrando un procedimiento y una fórmula para poder adecuar el número de alumnos máximo que podrían estar un aula (fijado en 15) con la formación presencial.

Desde el sector sanitario, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que es correcta la propuesta de limitar el número de niños por clase, pero pide que esa distancia interpersonal se garantice también durante el tiempo en el que los menores están en los patios.

Por otro lado, el Consejo Escolar del Estado, que este martes ha reunido a su Comisión Permanente, quiere que la ministra Celaá participe en su próximo encuentro, en torno al 19 de mayo, para debatir a fondo sobre este fin de curso y el inicio del próximo. Esta es una de las propuestas que ha emanado del encuentro de hoy, según han explicado fuentes cercanas al Consejo, pero, que finalmente tendrá que volver a ser debatida en la próxima cita de este máximo órgano consultivo ya que su votación no se tendrá en cuenta por "por un error de forma".

En esta reunión del Consejo, el sindicato CSIF que ha presentado un Plan de Regreso a las aulas, ha reclamado que este proceso se haga en "plenas garantías y medidas claras" y ha exigido que las medidas que se adopten sean negociadas. Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE) ha demandado que se garantice el derecho a una educación inclusiva de los 220.000 menores con discapacidad escolarizados en España y la Federación Española de Familias Numerosas ha expresado su preocupación por la dificultad de conciliar trabajo y familia si solo vuelve la mitad del alumnado.

A la espera de que se aclare la organización del inicio del próximo curso, algunas comunidades han abierto ya los procesos de preinscripción, como es el que caso de Cataluña, donde a partir del 11 de mayo se empezará a hacer de forma telemática, y Castilla La Mancha, que también iniciará el próximo lunes el procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados.