
Empresas, pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la crisis del coronavirus han recibido hasta la fecha cerca de 40.000 millones de euros gracias a la línea de avales del Estado, a través del ICO, habilitada por el Gobierno para facilitar la liquidez del tejido productivo en esta crisis. Según ha explicado este jueves durante la Comisión del Congreso la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, hasta la víspera se han registrado 298.971 operaciones -el 98 % de las cuales, con pymes y autónomos -,con lo que el importe avalado supera los 30.000 millones de euros. Cataluña es la comunidad que mayor número de operaciones avaladas registra, con un total de 52.463, lo que ha permitido que sus empresas reciban financiación por importe de 6.845 millones de euros.
Le siguen Andalucía, con 46.000 créditos y una financiación de 4.280 millones de euros, y la Comunidad de Madrid, con 37.570 operaciones y 7.836 millones de financiación canalizados a sus empresas. Mientras que Ceuta y Melilla cierran esta clasificación por territorios, con 596 operaciones (43,5 millones de financiación).
Por sectores, el del turismo, ocio y cultura ha obtenido financiación por importe de 6.102 millones de euros, a través de 58.422 operaciones. Acto seguido están el de bienes de consumo y comercio, con 30.086 créditos y 2.570,4 millones de euros de financiación; construcción e infraestructuras, con 27.626 operaciones y 4.111,1 millones de euros financiados, y servicios empresariales, profesionales y administrativos (23.056 operaciones y 4.067,9 millones financiados).
En torno al 80% de las empresas beneficiarias están directamente gestionadas por autónomos o son micropymes con menos de 10 empleados, en tanto que las compañías de mayor tamaño han recibido 13.599 millones de euros en financiación, mediante las 5.584 operaciones avaladas con más de 9.300 millones de euros. El 91,1% de los avales solicitados se ha destinado a garantizar nuevas operaciones, que, en su mayoría, el 87,6%, son préstamos a largo plazo, de entre 4 y 5 años.
El pasado martes, el Gobierno habilitó la tercera fase de la línea de avales, en esta ocasión por importe de 24.500 millones de euros, con lo que ya ha habilitado 64.500 de los 100.000 millones previstos para estas garantías. En esta tanda, 20.000 millones irán destinados a avalar a las empresas, 10.000 de los cuales serán pymes y autónomos.
Otros 4.000 millones serán garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija siempre que tengan su sede social en España, distinción que se establece a fin de evitar que opten a estas ayudas empresas procedentes de paraísos fiscales o que se destinen fondos públicos al pago de dividendos.
Los 500 millones restantes irán a reforzar hasta un 80% los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), y aumentar la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las comunidades autónomas. En su intervención, Calviño ha resaltado asimismo la puesta en marcha de medidas encaminadas a proporcionar una red de seguridad para los ciudadanos y trabajadores, con especial atención a los autónomos.
De este modo, ha recordado las moratorias hipotecarias, en créditos al consumo, la protección para la rescisión de contratos, y la prohibición tanto de desahucios para personas vulnerables, como de corte de suministros. Iniciativas todas ellas que buscan proteger "a las rentas familiares" y que tienen un "objetivo macroeconómico, ya que la demanda nacional será clave para recuperar la actividad económica y por eso tenemos que asegurarnos de proteger a los consumidores y el empleo".



