El Gobierno aprobará mañana el ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda estatal entre 462 y 1.015 euros mensuales para 850.000 familias vulnerables. Y 100.000 hogares empezarán a cobrarlo en junio. El detonante de esta renta mínima, prometida en esta Legislatura, es el coronavirus, que ha recortado  ingresos a millones de españoles. Pero la pobreza no es nueva: antes de la pandemia, España era el 7º país de Europa con más pobreza, 12 millones de españoles, según Eurostat. Y lo peor: éramos el 4º país europeo donde más creció la pobreza desde 2008, a pesar de la recuperación. Ahora, el coronavirus sólo agrava una pobreza que ya clamaba al cielo antes. Y no es sólo un problema de justicia social, sino también económico (frena el consumo y el crecimiento) y político (alimenta el populismo y la extrema derecha, ahora “preocupada” por las “colas del hambre”). Pero no basta con “la caridad” del ingreso mínimo vital . Hay que sacarles de la pobreza con formación, empleo y ayudas sociales mejor repartidas. Y pagarlo con impuestos más justos.

La pobreza ya estaba aquí, en España, mucho antes del coronavirus. La Comisión Europea utiliza desde 2008 un indicador, el AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) que mide las personas en riesgo de pobreza o exclusión social a partir de 3 indicadores: sus ingresos (son pobres los que ganan menos del 60% del ingreso medio de cada país), la privación material severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por semana a llegar a fin de mes) y hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de 20 en el último año). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de pobres en 2018, un 21,7% de la población, según el último dato de Eurostat. Y España era, con 12.047.000 “pobres”, un 26,1% de la población, el 7º país europeo con más pobreza (AROPE), sólo por detrás de Bulgaria (32,8%), Rumania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según Eurostat.

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