La consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social encargará un informe jurídico para determinar "cómo afecta" esta prestación a la Renta Básica de Inserción (RBI), que en el mes de mayo se concedió a 6.591 personas de la Región de Murcia, superando los 1,7 millones de euros.

En un comunicado, la vicepresidenta y consejera del ramo, Isabel Franco, ha señalado que está a la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique este decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros para conocer su contenido, que aún no maneja debido “a la improvisación y falta de transparencia del Gobierno central con las comunidades autónomas”.

Una vez que el decreto sea público, serán recopilados y analizados los ejes básicos del Ingreso Mínimo Vital y la consejería colaborará "por todos los canales que tiene a su alcance, incluso el presencial", en la difusión de los requisitos para recibir esta prestación no contributiva de la Seguridad Social.

"Esto no quita para que se pida al Ejecutivo central que especifique qué recursos humanos pondrá a disposición de las comunidades autónomas que colaboren en la gestión del IMV", ha añadido el comunicado.

Mientras llega "ayuda" del Gobierno central, la consejería presidida por Franco estudia pedir un refuerzo de personal destinado a la atención a la ciudadanía para poder ayudar a cumplimentar las solicitudes a las "miles de personas que hoy necesitan" el Ingreso Mínimo Vital.