Trabajadores de autobuses discrecionales de la Región de Murcia, que agrupa a 150 empresas y unos 3.000 empleados, protestan este miércoles ante la Delegación del Gobierno para exigir medidas que palien el descenso de la actividad en este sector a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El portavoz de los organizadores, José María Pérez, ha asegurado que el descenso de la actividad de este servicio ha provocado un descenso de la facturación desde el establecimiento del decreto del estado de alarma del 65% y que el 90% de los trabajadores hayan tenido que acogerse a un ERTE.

Entre las medidas reclamadas por las empresas de transporte discrecional se encuentran poder ser incluidas en el fondo de 800 millones de euros que el Gobierno central ha otorgado al transporte de autobús regular.

Además, reclaman la carencia de un año en el pago de los préstamos, flexibilizar los expedientes de regulación temporal de empleo y el pago de una indemnización por haber tenido que parar por fuerza mayor el transporte escolar.

Subir a 18 años la edad máxima de los autobuses que pueden prestar el servicio de traslado de los alumnos a los centros educativos, eliminar la obligación de pasar la ITV si la flota está parada, reducir el IVA en este sector al 4% y no pagar los seguros ni el impuesto de tracción mecánica mientras no puedan operar son otras de las exigencias del sector.

En caso contrario, ha advertido Pérez, las empresas del transporte discrecional están "abocadas a desaparecer", puesto que la contratación de viajes turísticos no se retomará hasta la primavera de 2021, según sus cálculos, y el transporte escolar tampoco operará, como mínimo, hasta septiembre de este año.