La comunidad autónoma reiniciará el proceso para dar por caducada la concesión administrativa para la construcción del proyecto de Puerto Mayor, de manera que se anulará la decisión tomada en ese sentido en octubre en 2019 para instruir de nuevo el informe y “blindar” dicha caducidad.



Así se ha acordado este jueves en el Consejo de Gobierno, cuya portavoz, Ana Martínez Vidal, ha señalado que la petición de caducidad de la concesión se basará en “la no iniciación de las obras” por parte de la concesionaria para construir un puerto para 900 embarcaciones.



El Consejo de Gobierno ya aprobó en octubre de 2019 declarar caducada la concesión 44 años después de su concesión y tras tres décadas de luchas judiciales, una decisión que fue recurrida por la empresa concesionaria, de los herederos de Tomás Maestre.



Ante ese recurso, la comunidad ha decidido revocar el acuerdo y reiniciar el expediente para, una vez concluya el trámite administrativo, exigir la restitución del estado original de la zona y la retirada de las tablestacas, las pantallas de acero que se instalaron en su día para sostener la infraestructura portuaria.



Vidal ha defendido que el proyecto pertenece a un “modelo de desarrollo obsoleto” y que, por tanto, debe seguir el proceso abierto para liberar a la zona de esa presión y evitar así los recursos interpuestos por la empresa promotora.



La concesión de este proyecto se produjo en 1975 y el puerto como tal comenzó a ejecutarse en 2004, aunque las obras fueron paralizadas un año después en los tribunales.



El grupo ecologista ANSE ha denunciado un “retraso intencionado y negligente” por parte de la comunidad autónoma a la hora de dictaminar la caducidad del proyecto y ha lamentado que las tablestacas serán cada vez más difíciles y costosas de retirar y tendrán peores consecuencias ambientales para la zona.