Un rebrote vírico. Una comarca confinada tras el Estado de Alarma. No estamos hablando de Murcia, Almería o Huelva, sino de Lérida. Pero podría ocurrir en cualquier zona donde se conjuguen las mismas variables: Temporeros agrícolas, malviviendo en edificaciones insalubres y en hacinamiento (o en la calle directamente), con alta vulnerabilidad física debido a una salud ya deficiente desde la infancia, muy mejorables condiciones de trabajo, escasa formación en salud laboral dada por sus empresas, posiblemente muchos en situación legal irregular, pocos Equipos de Protección Individual (mascarillas, guantes, pantallas protectoras) y en ocasiones también escaso interés en utilizarlos… condiciones todas ellas que propician la transmisión sin control de agentes patógenos como el covid-19.

Estamos hablando de pobreza. Pobreza es toda situación objetiva o subjetiva de insuficiencia de recursos para afrontar las demandas. No tener lo imprescindible para satisfacer las necesidades y expectativas mínimas. No tener dinero, no tener cultura, no tener formación o experiencia, no tener una vivienda digna, no tener tiempo para descansar, no tener más expectativas que las de sobrevivir, no tener acceso regular a recursos públicos de Salud, de Educación, de Dependencia, de Pensiones. O no tener en la empresa un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (propio o ajeno) que se preocupe por tu salud física, psicológica o social.

El caso del brote vírico de los temporeros inmigrantes en Huesca y en Lérida que provoca el confinamiento de 200.000 personas, es un ejemplo de lo que supone tratar mal a los peor considerados en nuestra sociedad. Y es ejemplo también de los estrechos lazos entre Prevención de Riesgos Laborales, Salud Pública y Responsabilidad Social de las empresas y empresarios, de los trabajadores y de las Administraciones Públicas.

Se suele creer que la Prevención de Riesgos Laborales es una penosa obligación legal, en la que hay que justificar exhaustivamente con documentos que -como poco- se ha impartido una formación mínima a los trabajadores, y todo ello con el fin de que no nos imponga una sanción la Inspección de Trabajo. Pero la verdadera Prevención es más.

Más que prevenir tenemos que hablar de promover condiciones de trabajo seguras, decentes y suficientes: en salario (porque los medicamentos se compran con dinero), ajustadas a la ley (porque un mal llamado “ilegal” a lo mejor preferirá enfermar en casa antes de ir a un Centro de Salud), en jornadas y turnos (porque el cansancio también enferma) o en lugares de trabajo (ambientes tóxicos, cerrados, mal ventilados o mal refrigerados). Y condiciones también de vivienda: si son temporeros necesitarán un lugar donde vivir y dormir, que o se lo pagan ellos (y para eso es necesario un salario mayor que el de subsistencia) o se lo proporciona su circunstancial empleador.

Si algo debiera dejarnos claro la pandemia Covid es que las condiciones de vida y de trabajo si afectan a las posibilidades de lucha y supervivencia frente al mismo: los que viven hacinados (en residencias o en infraviviendas), los que tienen ya de por sí patologías mal curadas o mal tratadas, los que viven en los barrios y edificios con peores servicios públicos (en Barcelona, los de Nou Barris viven 11 años menos de media que los de Pedralbes), los que no pueden permitirse el lujo de tener coche propio para ir a trabajar sin juntarse con los demás,.. Las condiciones de vida y de trabajo fomentan el bienestar físico, psicológico y social (la Salud en suma), la satisfacción con la vida, o contribuyen a empeorarlo. Porque la Salud no se da en el vacío.

Por eso, hablar de Prevención de Riesgos Laborales es hablar de Responsabilidad Social. Responsabilidad Social de los trabajadores que deben saber qué hacer para -por acción o por omisión como dice nuestra flamante Ley 31/1995- no poner en peligro su salud o la de aquellos con los que trabaja o da servicio. Responsabilidad Social de los empleadores, que no sólo deben dar formación mínima sobre el Covid o proporcionar EPIs sino también promover condiciones de trabajo dignas, y por eso decentes, y por eso saludables. Y también Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas (empezando por la Inspección de Trabajo, continuando por el Poder Legislativo -estamos esperando el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI- y terminando en la Jurisdicción Social) para obligar a todos a cumplir sus deberes sociolaborales y vigilar el cumplimiento de los derechos: la Política es una lógica de acción de la Responsabilidad o Irresponsabilidad Social cuando ejercemos el Poder. Y Responsabilidad Social de los ciudadanos para que no olviden que las condiciones de trabajo de los demás no sólo les afectan a ellos sino también a nosotros en lo más íntimo, como la posibilidad de decidir si puedo o no moverme de mi barrio o ciudad en las próximas semanas o meses.

Nos falta una última pata. La rentabilidad económica. Trabajadores sanos, además de no enfermar ni enfermarse, trabajarán mejor, serán más productivos y dejarán más plusvalía a sus empleadores. Y también comprarán más (no sólo productos de subsistencia) y así contribuirán a que la rueda económica de nuestro sistema económico no deje de girar. El destino de los pobres es también nuestro destino, y seríamos unos completos irresponsables si olvidamos que o nos salvamos todos o no se salva nadie.