La nacionalización por parte del Estado de Autostrade per l'Italia, filial de la concesionaria Atlantia, en el marco de una disputa mantenida con el Gobierno desde 2018 ha abierto el debate en el país sobre si existe un intervencionismo estatal excesivo en las empresas privadas italianas.



"Es superficial hablar de nacionalización de Autostrade per l'Italia, es una operación de política industrial exigente", señaló este viernes en un acto el ministro de Economía, Roberto Gualtieri.



Lo ha hecho tras la polémica despertada en el país como consecuencia del acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y la familia Benetton, por el que Atlantia -socia de ACS en la española Abertis- saldrá del capital de Autostrade para cederlo al Estado italiano.



El Gobierno italiano ha descartado de esta manera quitar las concesiones a Autostrade, que gestiona una red de 3.000 kilómetros y posee los permisos de la mitad de las autopistas de peaje del país, pero despoja a Atlantia -que está controlada al 30,25 por la familia Benetton- de uno de sus mayores activos, pues pasará a tener entre el 10 % y el 12 % del capital de Autostrade (del 88 % que tiene actualmente), mientras que la estatal Casa Depositi e Prestiti (CDP) se hará con el 51 %.



A la solución se ha llegado después de que el gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S) haya estado reclamando durante dos años la necesidad de castigar a la filial de Atlantia, a la que culpa de ser la responsable de la caída de un puente en Génova en 2018, un hecho que investiga la Justicia italiana y sobre la que aún no hay ningún fallo.

El Gobierno italiano ha tratado de despejar estas críticas y el viceministro de Economía, Antonio Misiani, ha subrayado que "las autopistas son una infraestructura estratégica para el país", y que nacionalizar la filial de Atlantia "no es estatismo", sino "protección del interés público", mientras que la ministra de Infraestructuras, Paola de Micheli, ha rechazado que se haya tratado de "una expropiación".



La nacionalización de Autostrade ha sido el detonante para que analistas y economías en Italia debatan sobre el posible excesivo intervencionismo italiano y han puesto el foco en otras empresas, como Alitalia, que no tiene beneficios desde 2002 y se encuentra en concurso de acreedores desde 2017.