Los juzgados murcianos resolvieron en 2019 un total de 188.500 asuntos, un 1,4% más que el año anterior, si bien quedaron en trámite por falta de medios casi 116.000, lo que representa un incremento interanual del 13,9%, según la Memoria del Año Judicial presentada esta semana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, al Gobierno regional, Delegación del Gobierno y Asamblea.
Del Riquelme, que se entrevistó este jueves con el presidente del legislativo, Alberto Castillo, en esa ronda de presentación del informe judicial, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que "un año más" se pone en evidencia la "incapacidad del sistema judicial español para absorber el volumen anual de entrada de asuntos", si bien ha subrayado que ese hándicap es más importante en Murcia que en otras regiones.
"Año tras año, ya sea en etapas de contracción o de expansión económica, la demanda de respuesta judicial a los conflictos se comporta con una insaciable voracidad, aumentando el retardo en la respuesta judicial. Y ello a pesar del enorme esfuerzo desarrollado por unas plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral a todas luces insuficientes”, a los que Pasqual del Riquelme ha querido hacer un reconocimiento muy especial en estos momentos.
Para evidenciar esta insuficiencia, el presidente del TSJ ha hecho referencia a tres indicadores básicos: el número de jueces por habitante, el tiempo de respuesta de los juzgados y tribunales y la tasa de litigiosidad.
En cuanto al número de jueces por habitante ha informado de que Murcia tiene 10,7 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de España es de 11,9; sobre el tiempo de respuesta de los asuntos civiles la memoria arroja una cifra de 10,1 meses, la más alta del país (7,4 meses) y, en cuanto a la tasa de litigiosidad, en el conjunto del país fue de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes y Murcia es una de las comunidades con mayor tasa.
Pasqual del Riquelme ha señalado que “cualquier análisis que se haga a partir de los datos de 2019 estaría abocado al doble error de diagnóstico y pronóstico ante la inesperada contingencia que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19”. Asimismo, advierte el presidente que “el sistema de Justicia se va a enfrentar a un reto de proporciones extraordinarias como consecuencia del previsible masivo incremento de la litigiosidad que se derivará de una crisis económica de proporciones no menos imponentes (con previsiones que llegan al 12% del PIB)”. Una crisis cuyos efectos, subraya, “no se van a espaciar en un más o menos largo período de tiempo, sino a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses”.
Según él, existe una amenaza de que se desborden las capacidades de respuesta de la justicia, lo que "lastraría decisivamente la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema".
En este contexto ha reclamado 20 nuevas unidades judiciales, a las que se unen las dos que está previsto entren en funcionamiento en los próximos meses en Murcia y Molina de Segura, y ha considerado prioritarias la creación de una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cartagena, un nuevo juzgado de instrucción en la misma ciudad y el tercer juzgado de lo mercantil allí también.
En Lorca se reclama un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción que permita la separación de las jurisdicciones civil y penal, y en Murcia ciudad dos juzgados de primera instancia. Ha hecho especial hincapié en la urgencia de contar con nuevas sedes judiciales en Cartagena, Lorca y Molina de Segura. “Su construcción -ha dicho- es condición necesaria, aunque no suficiente, para contar con un buen servicio público de Justicia en esos partidos judiciales”. Y, según ha reconocido, así se lo hizo saber hace unos días al equipo ministerial que, encabezado por el Secretario de Estado de Justicia, visitó la Región.
