Gobierno, comunidades y municipios han acordado una respuesta coordinada ante rebrotes en residencias, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.

Los representantes de las administraciones, que volverán a reunirse el 24 de agosto, han coincidido en que la reciente reaparición de casos de covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de articular esas medidas "con un mayor detalle y comunicarlas a la ciudadanía", explican en un documento acordado en la reunión.

Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos de covid al sistema de salud, disponer de un protocolo de actuación para la coordinación con el sistema de salud para asegurar la atención de los residentes y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal.

Sanidad y Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales.

En el Plan se establece que ante la detección de un caso, será indicativa de la aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y la búsqueda activa de casos. Esto implicará también pruebas PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro.

En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros "en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía", indica.

Los protocolos de las residencias deben tener un plan sobre las decisiones a adoptar con relación a las visitas de familiares a residentes (incluyendo la posibilidad de utilizar medios alternativos, como videoconferencias) y salidas del centro en función de los diferentes escenarios.

La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, señala el documento sobre el que han trabajado las administraciones.

En el caso de centros de gran tamaño, "se valorará la posibilidad de llevar a cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número de contactos estrechos entre personal y residentes".

Fuentes de la FEMP, han explicado que representantes de las tres administraciones celebrarán reuniones periódicas cada 15 días salvo que la situación actual de los rebrotes de covid "exijan una anticipación de escenarios".