Las reformas de legislación urbanística en diversas comunidades bajo el argumento de reactivar la economía, tras el confinamiento provocado por la covid-19, abre la puerta a un nuevo “ladrillazo” que esquive los criterios ambientales, según varias ONG ecologistas consultadas por EFE.
Las organizaciones conservacionistas WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción critican que tras la crisis del covid-19 estos cambios efectuados en al menos nueve CC.AA -Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y Galicia- agilicen proyectos urbanísticos sin tener suficientemente en cuenta los criterios ambientales.
Greenpeace ha detectado que, desde el pasado abril, estas nueve comunidades autónomas (a quienes están transferidas las competencias de urbanismo) han hecho modificaciones en cuestiones de participación pública, excusándose en la necesidad de reactivar la economía tras el confinamiento.
“Están basando una supuesta recuperación económica en la urbanización, lo que nos llena de pena, ya que se están siguiendo los mismos criterios que nos condujeron a la gravísima crisis del 2008, explica a EFEverde la adjunta a la dirección de Programas de Greenpeace, María José Caballero.
Desde WWF explican que “nosotros pensamos que los planes de recuperación son una oportunidad única para virar y cambiar el modelo que tenemos de desarrollo económico y social hacia uno sostenible y respetuoso con el medioambiente", afirma el director de Conservación de la ONG, Enrique Segovia.
Segovia hace hincapié en que esta vuelta del “ladrillazo”, no atiende a “razones objetivas y necesarias de creación de empleo o regeneración económica”, sino a objetivos determinados de constructoras y promotoras- aliadas con las administraciones correspondientes- que están esperando su momento para dar el “pelotazo”.
Ecologistas en Acción también opina que estos proyectos urbanísticos no van en favor del interés general: “no tienen ninguna justificación más allá de seguir beneficiando a un sector inmobiliario que está agonizando desde 2008”, sostiene la responsable del área de urbanismo de la organización, María Ángeles Nieto.
Desde esta ONG están buscando apoyo parlamentario para interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, aunque necesitan 50 diputados o senadores para poder sacar adelante la demanda.
