“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Así queda establecido en el artículo 47 de la Constitución Española. Un derecho al que se acogen multitud de mafias y familias en nuestro país.

Las cifras son de vértigo. Alrededor de 90.000 viviendas están okupadas en toda España, y aunque son cifras del año 2017, la tendencia de esta práctica sigue en alza en el territorio nacional, especialmente en algunos barrios de las grandes ciudades.

Y es que detrás de aquellos que okupan viviendas no solo hay familias con escasos recursos económicos, sino que se ha convertido en un negocio sustancial. En diferentes páginas web de segunda mano, se pueden ver con naturalidad anuncios como el que mostramos aquí, donde inversores se ofrecen a comprar viviendas con okupas. Pero, ¿quién está dispuesto a comprar una vivienda donde en el interior residen okupas?

Según las investigaciones, el precio de la vivienda puede variar hasta un 40% por tener okupas en su interior. Los posibles compradores ofrecen una cantidad muy inferior a la valorada por el inmueble y después, contratan a una empresa que se encargue de la desokupación. De hecho, existen numerosos grupos de inversores que se dedican a esta compra-venta de viviendas, un negocio casi redondo en el que “todos ganan”.

Y no solo empresas. También son los propios okupas los que esperan el momento de desesperación del propietario, el cual le ofrecerá una cantidad de dinero considerable para que abandonen la vivienda. Estos aceptan, se marchan con los bolsillos llenos y comienzan su andadura en busca de otra residencia que okupar.

La lentitud de la ley, la indefensión que sufren algunas empresas dedicadas a echar a los okupas y las numerosas asociaciones que protegen a estos colectivos son los principales factores que explican el crecimiento de este fenómeno durante los últimos años.

Murcia registra uno de los valores más bajos de okupación a nivel nacional con un 7% y solo por debajo de la Comunidad se encuentra Tenerife, Castellón y las Palmas. Todo lo contrario sucede en Barcelona, ciudad en la que la cifra alcanza el 23% de los inmuebles ocupados, seguido de Madrid (14%), Sevilla y Toledo (12%) o ciudades tan próximas como Almería con el 11%.

La lentitud de los juzgados sigue siendo clave en el crecimiento de esta práctica y servicios como los que ofrece la inmobiliaria de Ibán Carrillo (Murcia, 1986), Services Exclusives, comienzan a estar en auge para ayudar a los propietarios que necesitan recuperar su vivienda lo antes posible.

La inmobiliaria de Carrillo, que mediante una subcontratación a una empresa de desokupación, ayuda a los propietarios en el proceso de recuperación de la propiedad de “forma sencilla y sin recurrir a la violencia”: “Hacemos un estudio de las personas que hay dentro de la vivienda y un control de acceso de la misma. Nuestro equipo realiza una vigilancia continua de los okupas para conocer sus movimientos. Todo lo que hacemos está siempre respaldado por un departamento jurídico para no sobrepasar ninguna línea illegal”.

Carrillo asegura que desde Services Exclusives llegan a un acuerdo pacifista con los okupas en el que le hacen ver que no pueden continuar okupando una vivienda; les hacen pensar y entender que el inmueble no les pertenece. Además, una vez que los okupas abandonan la vivienda, estos deben firmar un acuerdo bajo la presencia de Agentes de la Autoridad, en el que desestima de manera voluntaria la vivienda. Una firma que les impedirá volver a okupar esa vivienda bajo el respaldo de la ley.

“Le ofrecemos algo diferente. No utilizamos la fuerza ni las malas expresiones, ni insultos, sino una manera amigable de resolver el conflicto. Hay muchas empresas que realizan este trabajo fuera de la legalidad, pero nosotros no. En el 80-90% de los casos no hay respaldo económico de por medio”.

La empresa pinatarense se sitúa como la cuarta empresa a nivel nacional más destaca para la realización de este servicio. Actualmente, tiene una larga lista de espera de hasta cuatro semanas y son demandados en toda España. Su récord en desalojar una residencia está en tres horas, aunque confiesa que ha habido algunos casos en los que la demora se ha llegado a prolongar hasta dos semanas.

¿Qué cuesta recuperar una vivienda?

El coste de un servicio como este varía según la empresa contratada para realizar esta función. Carrillo asegura que su empresa ofrece un servicio completamente legal y que desde que lo practican no han tenido ninguna denuncia ni represaria.

Dentro del presupuesto se debe de tener en cuenta varios factores como: la dificultad de los servicios, el desplazamiento del equipo humano, los habitantes en la casa okupada, el servicio jurídico, entre otros: “El precio suele oscilar entre 3.000 y los 4.000 euros". Además indica que con otras empresas, el propietario podría ahorrarse hasta un 40% del presupuesto, por la manera que utilizan estas de resolver el conflicto. Aunque eso sí, los propietarios deberán de atenerese a las posibles denuncias y consecuencias.

Carrillo asegura que no es tarea fácil y que los okupas saben a la perfección que la ley los ampara antes a ellos que a los propietarios de la vivienda. Un trabajo ardúo, pero reconfortante que cumple su principal objetivo: recuperar la vivienda de alguien a quien “le costó mucho trabajo" construir, para que sea "arrebatada" de esa manera.