El gasto autonómico en políticas sociales -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- fue en 2019 de 116.850,5 millones de euros - 2.503,05 por habitante en la Región de Murcia -, una cifra aún por debajo de la de 2009, y la ausencia de unos nuevos presupuestos del Estado pone su recuperación en "grave peligro".

Lo señala en un informe la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que considera que esa ausencia de presupuestos estatales y el continuo aumento de la cantidad que se destina a pagar la deuda en los presupuestos autonómicos, "lastra a las comunidades para prestar los servicios públicos esenciales".

Los recortes en políticas sociales se apreciaron a partir de 2010, fueron especialmente drásticos en 2013, con menos de 100.000 millones de euros, y desde 2014 hasta 2018 se han ido registrando aumentos en el conjunto de las comunidades. Sin embargo, la tendencia se ha roto en el presupuesto definitivo de 2019 que ha caído un 0,1% respecto a 2018.

Por habitante, el gasto social fue 2.498,54 euros en 2019, 36,81 euros inferior al de 2009 y 11,75 euros inferior al de 2018. Por comunidades, hay doce de ellas que han conseguido superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que, en términos absolutos, ha logrado un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones de euros), y Baleares es la que porcentualmente obtiene un mayor aumento (24,8%).

Las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos diez años son Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%). Aunque "la tónica" -continúa el informe- han sido los recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda, la situación de partida y "la severidad aplicada" por los gobiernos no ha sido la misma.

Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes "más brutales entre 2011 y 2016" mientras que Cataluña "ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales".

Por otra parte, el documento ha especificado que si desde 2009 hasta 2019 han aumentado en 2.132,6 millones de euros la inversión en Servicios Sociales, dicho ascenso "está hoy en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital". La razón sería que las autonomías "podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los Servicios Sociales".

En Sanidad, las comunidades se han gastado 1.740,3 millones de euros menos en 2019 respecto a la etapa anterior a los recortes (2009), lo que supone todavía una reducción del 2,7%. "Esta ha sido la función más castigada por los recortes", según el informe, que resalta que doce Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Galicia) han incrementado el gasto en Sanidad en esta etapa, mientras que en sentido contrario destaca Cataluña, cuyo gasto sanitario ha sido en 2019 un 27% inferior al del año 2009, con 3.267,7 millones de euros menos.

En Educación, las comunidades han gastado 393,5 millones de euros menos en 2019 respecto a 2009, una reducción del 0,1 %.