Cerca de 550.000 empresas españolas que se habían acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a consecuencia de la covid-19, tenían vetado hasta ahora el despido. La obligación de estas empresas que se beneficiaron de las condiciones especiales de los ERTE de mantener el empleo durante seis meses deseparece, para algunas de estas empresas. Según recoge el diario el Correo,  en la última prórroga, el periodo para contabilizar los seis meses comenzaba a correr en el momento en el que la compañía reincorporara a un trabajador en ERTE, aunque solo fuera uno.

Según datos de la Seguridad Social, para algunas empresas, el contador se inició en el mes de abril por lo que ya han transcurrido los seis meses de plazo aprobados en la prórroga del Ejecutivo en su acuerdo con la patronal. Asimismo, entre abril y mayo se reincorporaron más de 450.000 trabajadores, lo que se traduce que en el mes de octubre ya habrá empresas que podrán reducir su plantilla sin ser penalizadas por parte de la administración. Ahora está en el aire si esta ampliación de seis meses se amplía, situación que baraja el Ejecutivo con la nueva prórroga que se está negociando.

Lo que sí está claro es que mandar al paro a un trabajador será ahora más caro que el año próximo.  Así, las empresas que se vean obligadas a realizar ajustes de personal deberán indemnizar a estos empleados con 33 días por año trabajado, en lugar de 20 días. Al respecto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alertó este martes que la situación se agravará ahora por los rebrotes, lo que provocará que haya "muchos sectores afectados" y añadió que que se han sentado a negociar los nuevos ERTE con "falta de información".

Según, el citado diário, el Ministerio de Trabajo lo niega. Los últimos datos facilitados, correspondientes al mes de julio revelan que el gasto en prestaciones derivadas de los ERTE fue de 1.265 millones de euros, que sumados a los tres meses anteriores supone un total de 9.358 millones de euros.