Hace un año había registradas 2.292 entidades dependientes de las administraciones regionales
Las comunidades autónomas crearon 600 empresas públicas entre los años 2007 y 2010, lo que generado un "importante crecimiento" del tamaño del sector público empresarial que ha llegado a contar con 2.292 entidades dependientes de las diferentes administraciones regionales a mediados del pasado año.
Un informe elaborado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), ente que asesora al Gobierno en materia de privatizaciones de empresas públicas, señala que la mitad de estas compañías dependientes de las CC AA son consorcios y fundaciones; el 29%, sociedades mercantiles y el resto, entes públicos u organismos autónomos.
La actual situación económica ha llevado a muchas de estas autonomías a impulsar procesos de reducción de costes en sus estructuras mediante el recorte y reordenación del número de empresas públicas dependientes.
El CCP indica que "el grado de aplicación efectiva" de los citados recortes es, sin embargo, "muy limitado".
Asimismo, apunta que en algunas empresas las características de los servicios prestados justifican la necesidad de recibir aportaciones públicas vía subvenciones.
En otros casos, añade, las pérdidas acumuladas y la necesidad continua de financiación pública "podrían no justificar su mantenimiento".
El Gobierno ya anunció a principios de año que abordaría con las Comunidades Autónomas un recorte del sector público empresarial, que podría afectar a unos 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas dependientes de las administraciones regionales.
Un informe elaborado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), ente que asesora al Gobierno en materia de privatizaciones de empresas públicas, señala que la mitad de estas compañías dependientes de las CC AA son consorcios y fundaciones; el 29%, sociedades mercantiles y el resto, entes públicos u organismos autónomos.
La actual situación económica ha llevado a muchas de estas autonomías a impulsar procesos de reducción de costes en sus estructuras mediante el recorte y reordenación del número de empresas públicas dependientes.
El CCP indica que "el grado de aplicación efectiva" de los citados recortes es, sin embargo, "muy limitado".
Asimismo, apunta que en algunas empresas las características de los servicios prestados justifican la necesidad de recibir aportaciones públicas vía subvenciones.
En otros casos, añade, las pérdidas acumuladas y la necesidad continua de financiación pública "podrían no justificar su mantenimiento".
El Gobierno ya anunció a principios de año que abordaría con las Comunidades Autónomas un recorte del sector público empresarial, que podría afectar a unos 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas dependientes de las administraciones regionales.
