El PSOE y Unidas Podemos han registrado de forma conjunta más de cien enmiendas parciales a la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, principalmente para dar más autonomía curricular a los centros, mientras que el PP ha presentado 156 para construir un modelo educativo alternativo basado "en la libertad, calidad y equidad".

Este miércoles ha concluido el plazo de presentación de enmiendas al articulado del proyecto de ley, por lo que todas las registradas por los distintos grupos parlamentarios podrán ser debatidas para su posterior votación.

Para implementar la autonomía de los centros, PSOE y Unidas Podemos han planteado que un 10% del currículo educativo esté a disposición de los centros para su propia organización, así como contemplan mejorar la inspección educativa.

La portavoz del PSOE de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha explicado que, aunque la Lomloe es una ley con "una gran calidad participativa", el objetivo de las enmiendas es "actualizar y dar respuesta a muchas de las propuestas" que han realizando diferentes colectivos del ámbito educativo.

Por su parte, el PP considera que la ley Celaá "no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones, entre los que se encuentran los que han puesto de manifiesto la crisis sanitaria de la COVID-19".

Las 156 enmiendas presentadas por el PP al articulado de la Lomloe se basan un decálogo de prioridades: libertad de elección de las familias; potenciar el prestigio de los docentes mediante un MIR; un 65% de currículum común en todas las comunidades; el castellano debe ser la lengua vehicular en toda España, y donde haya lenguas cooficiales puede haber trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial).

Ciudadanos, que se opone a la tramitación de esta norma y reclama la recuperación del Pacto de Estado por la Educación, ha explicado que sus enmiendas al texto pretenden "reducir al mínimo el daño de la Ley" y demuestran el compromiso del partido con la libertad de elección de los padres y la igualdad de los alumnos en toda España.

Por ello, proponen el blindaje de la escuela concertada y de la libertad de elección de los padres frente a los prejuicios ideológicos de los políticos, garantizar la coexistencia de centros ordinarios y centros de educación especial, instaurar el castellano como lengua vehicular en toda España (garantizando su conocimiento), y establecer una selectividad única en toda España, entre otras medidas.

Además, el Grupo Vasco ha presentado 64 enmiendas con el objetivo de "defender las competencias exclusivas" que en el ámbito educativo le corresponden al Gobierno autonómico

Por ello, defenderán la protección del sistema vasco de becas y el currículo propio, así como el marco propio de evaluación y el euskera, además de otro número de correcciones con las que se proponen mejoras técnicas o de gestión educativa y pedagógica.

El texto para la nueva ley educativa entró en el Congreso el pasado 10 de marzo, tras ser aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros.