El Gobierno ha introducido en el Real Decreto-ley que extiende hasta el 31 de enero la prórroga de seis meses de los contratos de alquiler para los inquilinos en situación de vulnerabilidad la posibilidad de que los propietarios puedan recuperar su vivienda alegando causa de necesidad.

Se trata de una demanda que vienen defendiendo desde abril empresas del sector como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), que considera que la eliminación de esa posibilidad en el decreto de medidas urgentes del pasado 31 de marzo vulneraba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que extiende hasta el 31 de enero de 2021 las medidas de protección de los inquilinos, modifica el del 31 de marzo en ese punto.

"Se amplían hasta esa misma fecha del 31 de enero de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994,de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos", señala el texto.

La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. "O en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial".

En un comunicado, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) se congratula de que el Gobierno "corrija ahora el Real Decreto-ley de 31 de marzo que vulneraba la LAU", y advierte de que la prórroga por seis meses más de los contratos puede suponer un aumento de la morosidad para los propietarios particulares.

Tras asegurar que los créditos ICO están dejando a muchos inquilinos fuera, por la burocracia, los requisitos y la complejidad que conllevan, la ANA ha reclamado que el llamado "escudo social" contra la crisis se amplíe a todas las partes que componen el alquiler.

Además, sostiene que el mercado se ha autorregulado, ampliando la oferta y bajando los precios, y que eso hace innecesaria la prórroga de los contratos para evitar subidas de precios.

La disposición final cuarta del Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo amplía también hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Asimismo prorroga hasta esa fecha el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, "siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes"