Durante la última semana el gobierno ha desgranado varias medidas fiscales que plantea incluir en los presupuestos generales del Estado para luchar contra la brecha entre ingresos y gastos que sufren las arcas públicas. Esta brecha que ya era del 3% del PIB en 2019, en julio de 2020 ya alcanzó el 5,4%, y las previsiones más pesimistas creen que podría cerrar el año en un 14%. Los objetivos de estabilidad económica fijados por la Unión Europea, y que ya no cumplimos en 2019 han sido suspendidos, pero los ojos de todos los organismos financieros internacionales están puestos en cómo piensa España solucionar sus problemas de endeudamiento estructural.

Tras la explosión de la burbuja de las Cajas de Ahorro de la banca pública en 2008, y desde entonces, España arrastra un déficit público en sus cuentas que Europa no ha llegado a calificar en alguna ocasión como déficit público estructural de nuestra economía. Esto implica la imposibilidad de hacer funcionar nuestra economía sin generar deuda pública, lo cual acaba hipotecando al ciudadano futuro a costa del disfrute presente vías futuras subidas de impuestos o vía inflación, un tipo de impuesto encubierto que hace aumentar los precios cuando las deudas estatales cuando no son compensadas en el medio plazo. Parece un problema complicado, pero en reducidas cuentas hay que optar por una de estas dos alternativas: aumentar los ingresos en mayor medida que evolucione el gasto, o, disminuir el gasto en mayor medida que evolucionen los ingresos. En el balance económico del Estado ambos, ingresos y gastos, depende del volumen de impuestos y del ritmo de la economía. Los impuestos pueden dividirse entre directos e indirectos.

En materia de impuestos indirectos, la Unión Europea ya ha requerido a España que aumente sus ingresos por este concepto. Los ingresos por IVA de España son relativamente bajos comparados con la media de la UE porque, pese a tener un tipo elevado del 21%, son muchas las exenciones y reducciones que sufre este impuesto. Las reducciones y exenciones dicen cumplir una función social abaratando ciertos productos básicos, pero también cumpliría la función de dinamizar el ritmo de la economía al abaratar ciertos precios, el otro factor del que dependen las cuentas estatales.

En realidad, y según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sería más bien esta última función la que estría cumpliendo nuestro IVA. La AIReF ha evidenciado empíricamente que las rentas altas absorben de más de la mitad del ahorro fiscal en términos absolutos de las exenciones y reducciones del IVA, mientras que las rentas más bajas solo acaparan el 15%. Este ahorro fiscal de los consumidores es el que iría de nuevo a la capacidad de compra del consumidor incentivando el ritmo de la economía, pero función redistributiva no tiene este impuesto.

Sabiendo esto, el gobierno ha anunciado que revisará tal y como solicita Europa su modelo tributario y ha decidido empezar con sanidad y educación. Se ha comentado en los medios de comunicación la posible subida del 0 al tipo máximo del 21% para los servicios de sanidad y educación no estatales, tanto concertada como privada. Analizando el efecto que puede tener esta medida sobre las cuentas públicas podemos llegar a las siguientes conclusiones. Este aumento del IVA supondrá un aumento de los ingresos del Estado, fruto del aumento de los precios de los bienes y servicios facturados en estas industrias a sus clientes. Las empresas podrán repercutir directamente el aumento del IVA en sus precios o soportar parte reduciendo su margen o costes; lo que en todo caso supone una pérdida de competitividad que sin duda repercutirá en la demanda que se reducirá.

La bajada en la demanda de servicios de sanidad y educación privados, al ser servicios básicos no esenciales, provoca un aumento proporcional en la demanda de sanidad y educación pública a la que el Estado deberá ser capaz de responder con aumento del gasto en personal cualificado en sanidad y educación pública, habitualmente pertenecientes a los rangos salariales medio-altos. De nuevo según la AIReF, el aumento del gasto público que provocaría el aumento de la demanda de servicios públicos hace ridículo el saldo neto que proporcionaría un aumento del IVA a los servicios de sanidad y educación privados. Por tanto, no parece ser una medida que busque una reducción neta del gasto y, al ser el IVA un impuesto del que principalmente salen favorecidas las rentas más altas, esta medida ahondará en el sinsentido de que los impuestos de rentas bajas financien los servicios públicos de las rentas altas.

Por el lado de los impuestos directos, renta y patrimonio son los dos tributos que se están valorando. El papel del patrimonio como motor de una economía en su función de acumulación de capital e inversión es incuestionable a la hora de crear nueva riqueza; y las economías más prósperas son aquellas que crean un clima legislativo y tributario que atrae y retiene innovación y volumen económico. Por la renta, España es uno de los paises de la Unión Europea que mayor proporción de su renta dedica a pagar impuestos por lo que se debería analizar mucho los tramos de renta sobre los que se actúa para no desincentivar la economía.

El gobierno ha decidido empezar por los autónomos. Actualmente, los trabajadores por cuenta propia pueden decidir si tributar el IRPF por la base mínima o por ingresos reales. Los autónomos son de los pocos trabajadores que tienen el privilegio de poder desvincular su tributación por IRPF de sus ingresos y poder así generar un mayor ahorro que capitalizar de cara al futuro, o a su posible jubilación ya que la seguridad social está quebrada y sin solución a la vista. Dado que las pensiones públicas como mínimo dejarán de ser tan elevadas, son muchos los trabajadores que se están viendo en la necesidad de capitalizar ahorro, pero se han topado con las necesidades financieras del Estado.

Lo que todavía no ha propuesto ningún político ni a nivel nacional ni regional ha sido la reducción del gasto del que depende su estabilidad en el puesto. Pero sin duda el déficit público es una problemática estructural de la economía española de la que se han beneficiado casi todos los sectores debido a un exceso de planificación estatal de la economía lo que ahora hace mucho más difícil el problema. Pero no hay que caer en la lógica del borracho que ve en la copa del medio día la solución a su resaca por las copas de ayer.