La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha pedido a la administración autonómica "más racionalización" y mejorar su gestión pública, así como una supervisión por sus órganos de control de cuentas de sus entidades dependientes.

De la Fuente ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe global del sector público autonómico de 2016 y otro sobre la fiscalización de extinción de entidades autonómicas como consecuencia de la reestructuración de su sector público.

El saldo del endeudamiento de las autonomías pasó de 235.202 millones de euros, a 1 de enero de 2016, a 249.637 millones a finales de año, un 6% más que en 2015, que llegó al 10% en Cantabria y Murcia.

Como en otros ejercicios, hay deficiencias en materia de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos.

Con un 0,82% del PIB, las comunidades incumplieron en su conjunto el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado para 2016 en un 0,7%.

Sí lo cumplieron Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Todas cumplieron con la regla de gasto, a excepción de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Murcia.

Según De la Fuente, el porcentaje de las cuentas rendidas en plazo fue del 77 %; las que los hicieron fuera de plazo, el 15% y las no rendidas, el 8%.

Los principales retrasos e incumplimientos fue de los consorcios (36%), empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (33%) y fundaciones (25%).

Se presentaron 24.665 contratos, por un importe conjunto de 8.561 millones de euros.

En cuanto al segundo informe, ha recomendado que las autonomías establezcan un sistema de supervisión continua sobre sus entidades dependientes para comprobar que se mantienen los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera.

Entre 2010 y 2016, la reestructuración del sector público instrumental autonómico ha supuesto 767 bajas y 186 altas de entidades para el conjunto y se ha producido una reducción efectiva del número de entes de 581, el 34 % del total.

El informe hace notar que predominan las entidades privadas, sociedades y fundaciones, frente a las entidades propias de naturaleza pública, a excepción de los consorcios.

Han asumido las actividades de las suprimidas las correspondientes consejerías u otros órganos de la administración autonómica, en la mayorías de los casos.

Esa reestructuración ha supuesto unos ahorros de 130 millones de euros y que sus más de 5.000 trabajadores hayan pasado a depender de la administración regional.

En el debate, la mayoría de los intervinientes han puesto de manifiesto el retraso con que se presentan estos informes, así como la dependencia de subvenciones por partes de esos entes, así como la falta de control en la adjudicación de las contrataciones.