La cadena agroalimentaria en su conjunto ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en su intención de subir el IVA a los refrescos por el impacto económico de la medida, pero también por la falta de resultados que este tipo de políticas ha tenido en otros países en la lucha contra la obesidad.

En un acto convocado este martes por las grandes patronales de todo el sector (agricultores, industria, supermercados y hostelería), se ha dado a conocer un informe elaborado por la consultora PwC que estima una caída en facturación de entre 119 y 370 millones de euros al año al elevar el IVA del 10 al 21% en los refrescos.

En términos de empleo, la decisión del Ejecutivo supondría la destrucción de entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo, de acuerdo con estos mismos cálculos, que apuntan a que el impacto se notaría sobre todo en la industria alimentaria y el sector agrario, más que en la distribución y la restauración.