Unidas Podemos no ha conseguido que el decreto antidesahucios que ha pactado con el PSOE incluya la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero el Ministerio de Transición Ecológica y el de Derechos Sociales negocian medidas para ampliar la protección que ya existe.

Entre ellas, el departamento que dirige Teresa Ribera ha propuesto ampliar de cuatro a seis meses el periodo mínimo que tiene que transcurrir desde que la compañía da el aviso al domicilio hasta que se produce el corte de luz, agua o gas, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

También está trabajando junto a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y representantes de comunidades autónomas y ayuntamientos en la creación de la figura del "mediador energético", una demanda del tejido asociativo cuya labor sería identificar, en coordinación con los servicios sociales, a las familias vulnerables que están fuera del sistema de protección.

Desde el Miteco destacan asimismo que con la subida del Iprem prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ampliarán los límites de renta para solicitar el bono social térmico y el eléctrico, una ayuda que reciben los consumidores vulnerables para pagar el agua caliente, la calefacción y la cocina.

Transición Ecológica pretende además que estas ayudas sean "lo más automáticas posible" y trabaja con comunidades y entidades locales en un nuevo "bono multicombustible", previsto desde antes de la pandemia, que incluya el suministro de agua. Según las fuentes, ni es seguro que estas medidas salgan adelante ni está descartado que sean las únicas que se lleven a cabo, pero Ribera pretende que el acuerdo con Iglesias se cierre "lo antes posible"