La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M y ha imputado al exp residente de Bankia, Rodrigo Rato; al de Bancaja José Luis Olivas, y al antiguo consejo de administración por, entre otros delitos, estafa, falsedad contable y administración desleal.

Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto notificado hoy en el que admite la querella y la acumula a la presentada por UPyD por una "identidad sustancial" entre los distintos hechos imputados, aunque aumenta los delitos.

Andreu ha adoptado esta decisión en contra del criterio fiscal que considera que no se debe admitir la querella porque "en este momento no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas", por lo que, a su juicio, el 15M no podría personarse como acusación particular, lo que sí ha aceptado la Audiencia Nacional.

En este sentido, el Ministerio Fiscal considera que aunque los hechos descritos en la querella merecen una investigación penal se debe tener presente que en momento inicial de la causa "no es posible tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas sobre la base de su pertenencia al consejo de administración.

Asimismo, entiende que "la falta de esa necesaria concreción, siquiera sea provisional de los hechos, no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas y respecto de las que, lógicamente, no puede establecerse el alcance de la imputación".

Sin embargo, el juez subraya que los hechos denunciados no se advierten ni "absurdos" ni "irracionales" desde el momento en el que en las cuentas presentadas por la entidad hay una "exagerada" diferencia en "muy breve" periodo de tiempo y a tenor de los "numerosos" perjuicios causados, "no solo a los accionistas sino a la sociedad y a la economía en su conjunto".

En el auto, contra el que cabe recurso, el juez pide también que se libre oficio contra el Depositario Central de Valores de España, Iberclear, a fin de que informe sobre las series de participaciones preferentes documentadas en la querella, qué porcentaje fueron contratadas por profesionales, particulares y entidades públicas.

La querella presentada por UPyD y el 15M no es el único procedimiento al que se enfrenta la entidad financiera, que ya ha recibido denuncias de Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae).

Rato en el Congreso
De otra parte, el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados "lo antes posible" para explicar su gestión al frente de la entidad.

Rato ha reiterado su "total disposición" para analizar y responder cualquier aspecto relacionado con la entidad que presidió durante poco más de un año, hasta principios de mayo, cuando José Ignacio Goirigolzarri tomó el control del grupo.

En ese momento, Rato ultimaba un plan con el Gobierno y el Banco de España para reflotar la entidad solicitando una ayuda próxima a 7.000 millones de euros, pero las supuestas presiones de algunos competidores y las dudas del ministerio de Economía sobre la posibilidad de otorgar más fondos manteniendo al mismo presidente le llevaron a dimitir.

Con su marcha, para muchos impuesta, Goirigolzarri se colocó al frente de Bankia y pidió la nacionalización de su matriz para no devolver la ayuda de 4.465 millones recibida en el pasado y además solicitó una inyección de 19.000 millones para sanear el grupo.

La salida de Rato y las primeras decisiones de Goirigolzarri se trasladaron en un fuerte varapalo para la acción de Bankia, ha dejado atrapados por el momento a miles de clientes que adquirieron participaciones preferentes y ha puesto en peligro la obra social de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño.

Además, ha puesto en cuestión la gestión de Rato al frente de Bankia, especialmente después de que la Audiencia Nacional le vaya a citar como imputado al admitir a trámite dos querellas, una de UPyD y otra del movimiento ciudadano 15M.

Fuentes jurídicas consideran que es una "oportunidad" para que Rato y el resto de imputados cuenten su versión de lo sucedido, pero el ex vicepresidente del Gobierno quiere también comparecer en el Congreso para responder a las preguntas de los diputados.

A finales de enero de 2010 Rato llegó a la presidencia de Caja Madrid, entidad que había quintuplicado su tamaño durante la burbuja inmobiliaria, con el objetivo de sanearla y de buscar oportunidades de fusión.

Meses después, Caja Madrid anunció su unión con Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y Rioja, creando BFA, el primer grupo por volumen de negocio en España.

Tenía cerca de once millones de clientes y una importante cartera de participadas, pero también un gran riesgo inmobiliario, cerca del 20 % de todos los activos tóxicos del sistema.

Las exigencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) de más capital para las cajas obligaron a Rato a elegir entre dejar el grupo en manos del Estado o encontrar inversores privados.

Apostó por la segunda opción y la cabecera del grupo creó Bankia, una filial con los activos supuestamente más atractivos para que debutara en Bolsa, y consiguió hacerlo en el verano de 2011 con el apoyo de buena parte de sus clientes.

Bankia reforzó su patrimonio en más de 3.000 millones y afianzó su idea de que podía seguir en solitario, pues una fusión con un grupo mayor solaparía en exceso redes y supondría una destrucción masiva de empleo.

El deterioro económico y las dudas sobre la banca continuaron y el nuevo Gobierno, del mismo signo político que Rato, impuso nuevas exigencias que perjudicaban especialmente a Bankia por su elevado riesgo inmobiliario.

Se trataba de provisiones millonarias que el grupo intentó conseguir hasta que supo que una nueva reforma financiera exigiría aún más, algo imposible para Bankia con un Ejecutivo que entonces era reacio a dar más ayudas a la banca o impulsar un banco malo.