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REGIÓN

La Entidad Urbanística del caso Casino de Murcia entra en concurso de acreedores

Entre las nueve personas que figuran como acusadas se encuentra el presidente de dicha Entidad, José Sánchez Fernández

MurciaEconomía Martes, 19 de Enero de 2021 Tiempo de lectura:

 

La Entidad Urbanística Casino de Murcia, que fue constituida para afrontar las obras de rehabilitación de este inmueble que son objeto de investigación por un juzgado de instrucción de esa capital, ha entrado en concurso de acreedores y las facultades de administración y disposición de sus responsables pasan a ser intervenidas por el administrador concursal.

Así se dispone en el auto dictado por un juzgado de lo Mercantil de Murcia, que ha designado para ejercer esa función a la firma Par Conditio, que, a su vez, ha nombrado para ello a un letrado de Valencia.

Entre las nueve personas que figuran como acusadas en esta pieza separada del presunto caso de corrupción conocido por Umbra, que se investiga desde hace más de doce años, aparece el presidente de dicha Entidad, José Sánchez Fernández.

Otros acusados en la misma pieza son el exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia Alberto Guerra; el ex jefe de Planeamiento Municipal Joaquín Peñalver, y el abogado y asesor Higinio Pérez Mateos.

En el escrito de acusación presentado por el Consistorio murciano en abril de 2019 se piden, además de penas de prisión e inhabilitación, que cinco de los acusados, entre ellos, el propio Sánchez y el gestor del proyecto de rehabilitación del Casino, Renato del Noce, indemnicen a las arcas municipales con dos millones de euros.

El Ayuntamiento considera que esa es la cantidad percibida como honorarios por Del Noce y que entiende que fue desviada de su finalidad inicial, al haber atendido ese pago, presuntamente, con fondos públicos no previstos para ello. Del mismo modo reclama para el presidente de la Entidad Urbanística que ahora entra en concurso de acreedores dos años de prisión y suspensión para empleo o cargo público por tres años como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos.

La resolución del juzgado de lo Mercantil añade que los acreedores de la organización que entra en concurso voluntario disponen de un mes de plazo para comunicar el importe de sus créditos a la administración concursal.

 

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