El Tribunal de Cuentas ha detectado la ausencia de plan municipal de vivienda en los tres ayuntamientos más poblados de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca), cuya oferta pública es "escasa" y cuya disponibilidad para los colectivos vulnerables es "insuficiente".

Así consta en el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los tres consistorios en 2018, que agrupan el 51 por ciento de la población autonómica (754.204 habitantes a 1 de enero de 2018) y del parque inmobiliario regional (más de 360.000 viviendas).

Este órgano ha señalado que ninguna de las entidades fiscalizadas dispone actualmente ni ha dispuesto en el periodo fiscalizado de un plan municipal de vivienda, además de indicar que la disponibilidad de casas para atender a los colectivos más necesitados es "insuficiente" y presenta "deficiencias" en su control.

Tanto la oferta de viviendas públicas como privadas resulta escasa, aun cuando existe un volumen significativo de viviendas privadas vacías que no salen al mercado, lo que origina una elevación de los precios del alquiler, según el Tribunal de Cuentas.

Al cierre del ejercicio 2019, el registro municipal de Murcia tenía 987 familias demandantes de vivienda, que aguardaban en lista de espera alguna de las 1.005 viviendas que integran el parque municipal de viviendas sociales, añadiendo el TC que el consistorio murciano proporciona una vivienda al año por cada 100 demandas con necesidad acreditada.

Mientras, el parque municipal de viviendas en Cartagena cuenta con 45 inmuebles y no existen previsiones concretas de que aumente a corto plazo, habiéndose censado en 2018 un total de 578 personas en situación de exclusión residencial.

Por su parte, el consistorio lorquino no ha desarrollado una política de vivienda autónoma y toda su actuación en la materia se ha remitido a las actuaciones realizadas por la comunidad autónoma y la administración central.

En relación con el diseño y ejecución de políticas públicas de acceso a la vivienda, el informe del Tribunal de Cuentas refleja que las actuaciones en materia de vivienda desarrolladas por las tres administraciones se orientan al fomento del alquiler, frente a la concesión de ayudas para la adquisición de viviendas, libres o protegidas.

Sin embargo, a pesar de ser la vocación general en las diferentes intervenciones públicas, ninguno de los planes de alquiler implementados en los ayuntamientos fiscalizados ha logrado los objetivos que se habían previsto, quedando "muy alejados de las estimaciones iniciales", ha advertido el TC.

Al no haber elaborado un plan de vivienda y una política pública global, ha apuntado este organismo, no se han llevado a cabo actuaciones vinculadas entre sí y basadas en un análisis sobre la situación que se quiere modificar, con una planificación previa, asignación específica de recursos, elección de actuaciones enmarcadas en decisiones estratégicas y elaboración de indicadores que permitan medir los resultados.

Los ayuntamientos de Murcia y Cartagena han realizado actuaciones parciales en relación con la demanda de vivienda. En Murcia se estimó que el 43% de las familias que estaban en búsqueda activa de vivienda se encontraban en riesgo de exclusión residencial, y en Cartagena se puso de manifiesto que 578 personas se encontraban en 2018 en exclusión residencial.

En cuanto a la adecuada utilización y registro del Patrimonio Público del Suelo (PPS), el Informe expone que en 2018 únicamente el Ayuntamiento de Murcia registraba de forma separada los bienes integrantes de su patrimonio público del suelo (PPS) en el Inventario general de bienes, conforme dispone la normativa urbanística de aplicación.

La fiscalización ha observado que en los tres ayuntamientos analizados existe un deficiente control del destino aplicado al PPS, así como de la legalidad de las operaciones a los fines de interés social establecidos en la legislación urbanística.

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas, principalmente, al fortalecimiento de la colaboración y cooperación entre administraciones, que deben contribuir conjuntamente al diseño e implantación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de planes de alquiler de viviendas públicas y privadas, y se incentive la salida al mercado de casas desocupadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas enfatiza los trabajos que deberían realizar los ayuntamientos fiscalizados para conocer las necesidades habitacionales de su municipio y culminar los trabajos de regularización de las viviendas sociales; así como coordinar las actuaciones de los servicios encargados de la gestión del patrimonio y de la contabilidad, garantizando la homogeneidad entre el inventario de bienes y derechos y los saldos contables.