La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha presentado al Gobierno central los 21 proyectos que se financiarán mediante los fondos sociales de 81,52 millones de euros asignados en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que se remitirá a la Unión Europea y se articulará durante tres años. La Región de Murcia contará en 2021 con un total de 22,5 millones de euros; con casi 28 millones en 2022; y con algo más de 30 millones en 2023. 

 Estos programas se centran en los cuidados de larga duración de las personas mayores; modernización de los servicios sociales y de los modelos de protección residencial; y acogimiento en familias especializado de niños y adolescentes.  

Un plan transversal para los cuidados, la igualdad y la inclusión 

Casi el 65 por ciento de los fondos se destinarán al fomento de los cuidados de larga duración de personas mayores y de dependientes. Más concretamente, el 55 por ciento se invertirá en la dotación de nuevos equipamientos públicos, basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, así como en la remodelación y adaptación de equipamientos existentes. El 10 por ciento restante servirá para incorporar las Nuevas Tecnologías al servicio de los cuidados para la promoción de la autonomía personal: la Teleasistencia.   

Otra de las líneas de inversión del Plan de Resiliencia es la dirigida a la modernización de los Servicios Sociales. La transformación tecnológica y los proyectos piloto que promuevan la innovación en los servicios sociales,  acaparan un 26 por ciento de los fondos. Desde la simplificación administrativa, desarrollo de nuevos canales de acceso y prestación de servicios, hasta el intercambio de información entre sistemas y servicios para una atención global e integrada de estos.   

En esta misma línea se han trabajado proyectos para la modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección residencial, y de acogimiento familiar especializado de niños y adolescentes. Un marco en el que se pretende favorecer los modelos de atención, más centrado en los derechos del niño y en la inclusión social y profesional de los jóvenes. Para ello, se ha destinado un 10 por ciento del total de fondos.