El cierre de bares y restaurantes decretado por el Gobierno italiano entre el 15 de marzo y el 6 de abril para contener los contagios de coronavirus supondrá una pérdida de 5.000 millones de euros, estimó este sábado la asociación agrícola Coldiretti.
El Gobierno italiano aprobó el viernes un decreto con el que endurece las medidas restrictivas entre el 15 de marzo y el 6 de abril para frenar los contagios, ante la "nueva ola" que vive el país.
El documento establece que todas las regiones que tengan una incidencia semanal de 250 contagios por cada 100.000 habitantes pasarán a "zona roja", un régimen de confinamiento blando con todas las tiendas no esenciales cerradas; mientras que en el resto del territorio se aplicarán las restricciones de zona "naranja", es decir, nivel intermedio.
En las zonas de restricciones medias y en las de confinamiento no se permite consumir bebida o comida en los bares y restaurantes, aunque sí está consentido comprar para llevar o pedir a domicilio.
La intención del Gobierno es frenar los contactos sociales para evitar la propagación del virus y sus variantes, ante el incremento de contagios de las últimas semanas, con más de 20.000 al día.
Además, el decreto establece el confinamiento para toda Italia entre el 3 y el 5 de abril, los festivos nacionales de Semana Santa.
Coldiretti explica que "hay 7 millones de italianos que tadicionalmente comen fuera de casa en Semana Santa por un coste estimado de 400 millones, mientras que uno de cada tres italianos, el equivalente al 32%", suele aprovechar el puente para hacer turismo fuera de su ciudad.
Los cierres en estas fechas ponen en dificultad al sector de la restauración y de la hostelería, y suponen un "duro golpe para el del agroturismo, que ya ha sufrido pérdidas de 1.200 millones" por la pandemia.
El Gobierno italiano de Mario Draghi está trabajando en un nuevo plan de estímulos que apoye a familias y empresas penalizadas con estas nuevas limitaciones, aunque se desconoce por el momento el valor que tendrá.
El anterior Ejecutivo de Giuseppe Conte logró aprobar una desviación presupuestaria en el Parlamento italiano de 32.000 millones de euros para ayudas en estos primeros meses del año, una suma necesaria pero que no basta, según Draghi, quien ha avanzado que tendrá que pedir una nueva variación ante las cámaras.
