La jubilación activa, la que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión, podría tener un mayor desarrollo en España si se introducen algunos cambios en su diseño, como dar incentivos a las empresas o extender esta opción a las edades de prejubilación, según un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El estudio -que analiza las opciones existentes en España para compatibilizar el trabajo y el cobro de pensión- aborda la situación de la jubilación activa y cuya implantación, advierten, puede quedarse "pequeña" en comparación con el grado de desarrollo conseguido con el otro modelo, el de jubilación parcial con contrato relevo, limitado en los últimos años por su elevado coste y cuyas características lo llevaron "a morir de éxito".

Así, el análisis de Fedea apunta que si el objetivo es fomentar la jubilación activa -una opción permitida a partir de la edad legal de jubilación compatibilizando el salario con hasta un 50 % de la pensión- como una de las vías para retrasar la jubilación y mejorar la situación financiera del sistema deben introducirse una serie de cambios.

Entre ellos, apuntan a permitir la extensión a edades anteriores a la edad legal, actualmente en 66 años, homogeneizar las cotizaciones de los jubilados activos con las del resto de los trabajadores, permitir cobros superiores al 50 % para trabajadores de salarios bajos o incluir en el diseño incentivos específicos para las empresas empleadoras.

Los investigadores de Fedea señalan que la jubilación activa, creada con la reforma de 2013, ha sido en los últimos años "cuantitativamente importante" entre los trabajadores autónomos con una tasa de incidencia del 18,3%, mientras que ha sido "prácticamente irrelevante entre los asalariados".

La jubilación anticipada, concluyen, puede cumplir con el doble objetivo de retrasar la jubilación sin aumentar el coste, pero sólo en pequeña escala.

"Si se desea una participación más grande habría que rediseñar el programa, reduciendo las restricciones de exclusión y, para alinear incentivos, actualizando la pensión con la jubilación definitiva. Ambas medidas, sin embargo, implicarán mayores costes para la Seguridad Social", añaden.

Y reiteran el papel que deben desempeñar las empresas en el proceso.

"Hay un desinterés de las empresas por mantener activos a sus trabajadores mayores. Este interés sería posiblemente mayor si la normativa se extendiese a las edades de prejubilación", subraya el informe, que ve claro que cualquier extensión de la normativa de la jubilación activa "debe incluir el desarrollo de incentivos específicos para las empresas empleadoras".

Acercar la edad real de jubilación a la legal incentivando a los que quieran alargar la carrera laboral de forma voluntaria y desincentivando por otro lado los retiros anticipados es una de las vías en las que trabaja el Gobierno en el marco de la reforma de las pensiones.