En permanente evolución y cambio, los seres humanos van dejando de lado e incorporando nuevos hábitos, costumbres y formas de proceder. Así, hay muchas actividades o elementos que pasan a ser parte de la vida cotidiana de forma repentina, primero de manera tenue y luego ya haciéndose frecuentes, y obligando a adaptarse y convivir con ellos, teniendo herramientas para hacerles frente.
Algo así sucede con las consultas jurídicas, que se realizan cada vez más a través de Internet. La pena de multa, esta sanción de naturaleza económica que puede imponerse a un condenado, es una de ellas. O la solicitud de divorcio extranjero en España, que tiene distintas aplicaciones para lo cual se hace imperiosa una buena asesoría.
La pena de multa
Hablamos de pena de multa cuanto el condenado logra evitar el aislamiento que le corresponde en un centro de reclusión y reemplazarlo por un tipo de prisión menos extrema, o su incorporación a batallones de trabajos sociales, conocidos con el término anglosajón de probation.
La pena de multa está específicamente regida en el artículo 50 del Código Penal y permite al Estado un juego de ganancia total. Por un lado, lo evita de someterse al gasto que implica mantener a un reo en la cárcel. Y a la vez, le hace crecer sus arcas públicas al recibir el pago condicionante para acceder al beneficio acordado por parte de la persona con fallo en contra.
¿Cuáles son sus condicionantes?
La pena de multa tiene límites cuantitativos y cualitativos. Por un lado, el Código Penal impide aplicarla por menos de diez días o más de dos años, admitiendo en el plazo situado dentro de estas fechas. Las empresas, en tanto, tienen más extendido el límite superior, que llega hasta los cinco años.
Asimismo, el pago variará de entre los dos y los cuatrocientos euros, dependiendo del patrimonio del condenado. El total de la multa podrá ser fraccionado.
El divorcio extranjero
Como otros países, España admite la posibilidad de divorciarse a residentes extranjeros y matrimonios que fueron efectuados en otro territorio. El factor más importante para entender las regulaciones tiene que ver con que, a la hora de disolver una sociedad conyugal, prima el lugar de residencia de ellos por sobre cualquier otro condicionante.
El divorcio en España se podrá llevar a cabo si la pareja tuvo como última residencia el país, y ahora no lo hace en otro lado, o si al menos uno de los dos miembros de la misma sigue viviendo en el hogar matrimonial. El divorcio tendrá validez en otro país si se solicita el Exequátur, o bien su alguno de los cónyuges se nacionaliza español, y se inscribe la disolución en el Registro Civil Central.
Internet, con un rol clave
Cualquier trámite civil, fruto de estos nuevos tiempos, precisa de un total conocimiento por parte del solicitante, para evitar por un lado toparse con trabas legales y a la vez, estar al tanto de los requisitos que la Ley impone, y los costos que esto implica.
Tradicionalmente motivo de estrés y mucha preocupación en quien debía llevarlo a cabo, la posibilidad de hacer consultas jurídicas en Internet otorga un alivio no menor al respecto.
