MC Cartagena ha denunciado un nuevo capítulo "que demuestra el desinterés que despierta en el Gobierno local la paralizada recuperación del Monasterio de San Ginés de la Jara". En fechas recientes, el servicio jurídico administrativo de Gestión Urbanística municipal ha comunicado a la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad que el Ayuntamiento, a través del Gobierno local, se encuentra obligado a llevar a cabo la ejecución subsidiaria de las obras de rehabilitación del inmueble.
Asimismo, dicho informe ratifica que la “suspensión temporal del Proyecto de Reparcelación acordada en fecha 04/05/2018 no es óbice para la prosecución de las obras de restauración”.
En este sentido, MC solicitó en el Pleno de agosto de 2020 que, en caso de que la mercantil propietaria no materialice la restauración integral del Monasterio, se ejecuten subsidiariamente dichas obras, mientras que en enero de este mismo año la formación cartagenerista exigió al Ejecutivo local, también en sesión plenaria, que responda a los recursos presentados por la Plataforma Virgen de la Caridad para que se lleve a cabo dicha ejecución subsidiaria.
Cumplimiento de la sentencia
Al respecto, la concejal y responsable de Patrimonio de MC Cartagena, María Dolores Ruiz, ha valorado estos hechos. “Los servicios jurídicos del Ayuntamiento dan la razón a MC y afirman que el Gobierno local incumple la obligación municipal de actuar subsidiariamente en el monasterio de San Ginés de la Jara tras la paralización de las obras por parte de la propietaria, Hansa Urbana. Se han lucido por partido doble”.
Asimismo, ha explicado que “por un lado, Castejón miente en el Pleno diciendo que responderían al recurso de reposición interpuesto por la Plataforma Virgen de la Caridad para el cumplimiento de la sentencia que obliga a la mercantil a restaurar el inmueble y, por otro, nos intentan engañar enviando un informe de Urbanismo que, además, afea su conducta desde casa”.
“Si la actuación de Castejón y Arroyo ya ha levantado la reprobación unánime de la sociedad civil y los colectivos defensores del patrimonio”, ha añadido la edil cartagenerista, “ahora son los funcionarios los que refrendan el desprecio que sienten ambas para ajustarse a lo mandatado por los jueces”.
En conclusión, Ruiz ha afirmado que “el Gobierno tiene dos opciones. Emitir un decreto para que en el plazo máximo de 10 días la mercantil retome los trabajos para la restauración integral del BIC o no hacerlo y refrendar el informe de los técnicos que confirma que las dos alcaldesas prefieren callar, mirar hacia otro lado y ser colaboradoras necesarias para un nuevo atentado contra nuestro patrimonio”.
