La economía mundial está siendo sacudida por las consecuencias de una masiva deuda estatal, y nuestro país no lo hace mal en este sentido, pudiendo dejar de recibir financiación de sus acreedores internacionales y amigos europeos. Esta situación, de gasto público excesivo está aplastando la calidad de vida de millones de ciudadanos promedio y disipando el rango de clases sociales.

El foco del problema podría ser la adopción de una economía Keynesiana, que le ha dictado a los diferentes gobiernos desde la década de 1930 que el gasto deficitario, gasto público, es bueno para la economía. Esta idea ha crecido entre los políticos, quienes sin respeto económico han incurrido en déficits año tras año, consiguiendo una deuda nunca antes vista.  Y lo que realmente me preocupa es que algunos economistas andan recomendando falsamente a la población que no se preocupen acerca de una deuda creciente porque es dinero que los ciudadanos se deben a sí mismo.

Ya en el pasado la figura de Thomas Jefferson y de Albert Gallatin alertaban de los altos niveles de la deuda. Ellos creían y apuntaban que la deuda pública era económicamente un peligro cancerígeno y políticamente una pervertidora. Ellos esgrimían que la deuda enriquecía a la élite financiera nutriéndose del pueblo, mientras se imponían cargas y lápidas sobre las generaciones futuras. Y es que solo hay que ver como está la situación de los más jóvenes. En mi opinión, no estaban fuera de la verdad económica.

En el artículo de hoy, sin necesidad de impartir juicio, si que impartiré datos y cifras que hablarán por si mismas y entiendo que nutrirán el pensamiento.

Partiré anunciando que el aumento del gasto público y de la deuda son incompatibles con la libertad. El gasto ejecutado por los gobiernos irá acompañado por subidas de impuestos y expolios fiscales y con todo ello, vendrá la pérdida de la libertad. Falta de libertad que ya es palpada por algunos.

No se puede tener a la vez libertad y un gasto público y una deuda elevada.

El gasto público en España va creciendo según apuntes estadísticos y contables. Empezaré enunciando que el Estado dedicó el año pasado más de 300.000 millones de euros al abono de sueldos de empleados públicos y de pensiones, cifra que no había sido alcanzada con anterioridad en ningún momento. Una cifra que representa un 26% del PIB, esto es, más de la cuarta parte de lo que producen los españoles es gastado por el Estado en esas dos partidas presupuestarias de gasto.

Este incremento del gasto público se produjo a pesar de que el número de pensionistas se redujo a causa de las muertes atribuidas al coronavirus. En dicho periodo la partida del gasto se redujo pero ya en enero de 2021 dicho gasto se sitúa en 10 mil millones al mes, sufriendo un incremento, al cual habría que añadir el coste de las pensiones de las clases pasivas que son precisamente las que reciben los empleados públicos que provienen de carrera, los militares y también los antiguos miembros de gobiernos pasados. En total la factura asciende a más de 16 mil millones de euros en fondos públicos.

Entre todos los gastos, la partida más elevada es la correspondiente a los salarios de los trabajadores públicos que en el año 2020 superaron la cifra de los 140 mil millones de euros llegando a casi triplicar el rescate de la banca e igualándola a la ayuda que se espera de Europa. Esta cifra significa que se produjo un aumento del 4,5% respecto al ejercicio anterior.

Esta subida del gasto, disparatada, se debió por un lado al aumento del número de funcionarios a pesar de la crisis y por otro a la  subida salarial de los funcionarios decidida por el gobierno, a pesar también de la situación de crisis. Ese aumento fue del 2%, es decir muy superior  a la cifra de inflación que en Diciembre de 2020 se encontraba en -0,5% ,una cifra negativa. Dicho aumento fue pactado por el ministro Cristóbal Montoro y los sindicatos.

En cifras globales, el aumento de sueldos públicos se ha disparado en los últimos 20 años en un 116%, es decir se ha más que duplicado una circunstancia que ni de lejos ha tenido lugar entre aquellos trabajadores que crean la masa de riqueza en España.

Según datos de la intervención general del estado en el año 2000 el coste de los salarios de los empleados públicos era de 65 mil millones. Desde ese año hasta el 2011 donde nos encontrábamos en plena crisis, los incrementos fueron muy significativos.

La mayor parte del gasto se debe propiamente al sistema autonómico y además en las comunidades autónomas no ha dejado de registrarse un incremento en el gasto público, sean cuales sean las circunstancias y todo esto sucede en medio de un desplome de la economía española. De hecho el PIB de España pasó de 1,2 billones de euros a finales de 2019 a retroceder hasta 1,20 millones de euros. Esto es, mientras la economía se arruinaba, los poderes públicos han gastado más y más sobre todo en las comunidades autónomas y no precisamente para atender a las necesidades de los contribuyentes sino para pagar a trabajadores públicos.

En la actualidad España es una nación sumida en una profunda crisis económica donde para salir de ella los distintos gobiernos deberían en mi opinión, reducir el gasto público, bajar de manera drástica los impuestos y garantizar de esa manera la creación de riqueza, la creación de empleo y la mejora de los servicios fundamentales, aunque la realidad es completamente distinta.

“En donde quiera que hay un clase dominante, una gran parte de la moralidad del país emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior” John Stuart Mill