El Gobierno ha prorrogado hasta el 9 de agosto la suspensión de los desahucios de alquiler para colectivos vulnerables, incluidos los que no tienen contrato, y la moratoria del pago y quitas del 50% de las rentas, si los arrendadores son grandes tenedores (diez o más viviendas) o entidades públicas.

Aunque su vigencia expiraba el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que supone una nueva prórroga de estas y otras medidas, como la de extender seis meses los contratos de arrendamiento de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, si el propietario no reclama la vivienda para sí ni hay un acuerdo distinto entre las partes.

Igualmente, se extiende por tres meses el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión de desahucios, presenten la solicitud de compensación, con lo que este termina el 9 de septiembre.

En un comunicado, el Ejecutivo subraya que la moratoria o condonación parcial de la renta es una medida que no afecta a los pequeños propietarios de vivienda y que solo puede ser solicitada una vez durante todo el periodo en el que ha estado vigente.

Por su parte, la suspensión de los desahucios que se prorroga requiere la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, e incluye a los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no tengan contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.