La nueva norma, que aún debe ser aprobada por la Asamblea Regional, también pretende reducir a la mitad el tiempo para resolver un expediente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ‘Ley de fomento económico, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos’, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento y eficacia de la Administración y contribuir al desarrollo económico.
Con la simplificación administrativa se eliminan cargas administrativas innecesarias, para lo que se suprimirán trámites y se evitará solicitar documentos que ya se encuentren en la propia Administración.
La aplicación de estas medidas supondrá una reducción de la documentación requerida y una mayor transparencia e información para el administrado, además de acortarse los plazos para la conclusión de los trámites, según figura en el objetivo del texto legal.
En el primer año de aplicación de esta Ley serán más de 1.300.000 los documentos que no se solicitarán, por lo que la consejería de Economía y Hacienda prevé reducir un 55 por ciento el tiempo medio de tramitación de expedientes, y disminuir un 60 por ciento el coste de las cargas burocráticas a empresas y ciudadanos.
El objetivo es conseguir una Administración electrónica efectiva, que suponga un ahorro económico y una reducción de plazos a través del fomento del uso de las tecnologías en sus relaciones con empresas y ciudadanos.
Asimismo, el anteproyecto regula un sistema de evaluación a la Administración regional, que impulsará la cultura de responsabilidad y control de la acción pública mediante un seguimiento de la consecución de resultados y la implantación de indicadores de calidad en todos los departamentos, según indica el propio Gobierno Regional.
Código de Buenas Prácticas
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Código de Buenas Prácticas para una gestión eficiente de la Administración regional, cuya finalidad es promover el ahorro y la cultura de austeridad entre los directivos y empleados de la Administración regional, y que supondrá un ahorro anual estimado en los 250.000 euros.
En el manual se recogen una serie de prácticas que permiten generalizar procedimientos, programas y criterios en el trabajo diario de los diferentes departamentos de la Administración.
Así, para reducir los gastos de funcionamiento en los edificios administrativos, se limitarán los horarios de las instalaciones y se racionalizará el material de oficina y los servicios de telecomunicaciones, entre otros aspectos.
Asimismo, se centralizará la contratación de los servicios de energía y mantenimiento informático de todos los centros de la Administración regional, y se potenciarán los desplazamientos compartidos.
Con la simplificación administrativa se eliminan cargas administrativas innecesarias, para lo que se suprimirán trámites y se evitará solicitar documentos que ya se encuentren en la propia Administración.
La aplicación de estas medidas supondrá una reducción de la documentación requerida y una mayor transparencia e información para el administrado, además de acortarse los plazos para la conclusión de los trámites, según figura en el objetivo del texto legal.
En el primer año de aplicación de esta Ley serán más de 1.300.000 los documentos que no se solicitarán, por lo que la consejería de Economía y Hacienda prevé reducir un 55 por ciento el tiempo medio de tramitación de expedientes, y disminuir un 60 por ciento el coste de las cargas burocráticas a empresas y ciudadanos.
El objetivo es conseguir una Administración electrónica efectiva, que suponga un ahorro económico y una reducción de plazos a través del fomento del uso de las tecnologías en sus relaciones con empresas y ciudadanos.
Asimismo, el anteproyecto regula un sistema de evaluación a la Administración regional, que impulsará la cultura de responsabilidad y control de la acción pública mediante un seguimiento de la consecución de resultados y la implantación de indicadores de calidad en todos los departamentos, según indica el propio Gobierno Regional.
Código de Buenas Prácticas
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Código de Buenas Prácticas para una gestión eficiente de la Administración regional, cuya finalidad es promover el ahorro y la cultura de austeridad entre los directivos y empleados de la Administración regional, y que supondrá un ahorro anual estimado en los 250.000 euros.
En el manual se recogen una serie de prácticas que permiten generalizar procedimientos, programas y criterios en el trabajo diario de los diferentes departamentos de la Administración.
Así, para reducir los gastos de funcionamiento en los edificios administrativos, se limitarán los horarios de las instalaciones y se racionalizará el material de oficina y los servicios de telecomunicaciones, entre otros aspectos.
Asimismo, se centralizará la contratación de los servicios de energía y mantenimiento informático de todos los centros de la Administración regional, y se potenciarán los desplazamientos compartidos.