Las comunidades autónomas gestionarán 4.450 millones de euros de los fondos europeos para impulsar la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas, ha confirmado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la Conferencia Sectorial de Vivienda.

Esto supone más del 80% de los 5.520 millones de euros que tutela este ministerio del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha enviado a la Comisión Europea.

El resto, hasta los 6.820 millones previstos, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que el plan permitirá reducir el consumo medio de energía primaria no renovable más de un 40% y evitar la emisión de 650.000 toneladas de CO2 al año.

Ábalos ha transmitido a los gobiernos regionales la importancia de la cogobernanza para ejecutar con éxito las inversiones y acelerar la salida de la crisis y ha explicado que estos fondos tienen como finalidades prioritarias alcanzar a las personas que más lo necesitan y mejorar la calidad de vida y sostenibilidad de las ciudades.

La reunión del ministro con los consejeros del ramo se ha celebrado por videoconferencia y en ella Ábalos les ha pedido que hagan "un trabajo de identificar y eliminar obstáculos y cuellos de botella y superar errores del pasado que afectan a la ejecución de las obras, con el objetivo claro de acelerar la transformación del sector y que los fondos alcancen lo antes posible a las empresas y al empleo".

Acompañado por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, y el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el ministro ha hecho hincapié en que el Plan de Recuperación es un "proyecto de país" y en que, por tanto, a todos les atañe su éxito.

Además de las iniciativas destinadas a la mejora de barrios y del parque de viviendas privadas, el plan incluye una partida de 1.080 millones de euros para la rehabilitación de edificios de titularidad pública, tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales.

Junto a los objetivos medioambientales, el plan persigue mitigar la pobreza energética de los hogares, un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas en España.

Para ello, contempla financiar prácticamente en su totalidad las actuaciones de mejora y rehabilitación energética que lleven a cabo los hogares y barrios de muy bajos recursos y que, entre otras cosas, permitan abaratar el coste de los servicios básicos de energía.

La componente 2 del plan de recuperación, denominada "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana", está compuesta por seis programas de inversión y seis reformas legales, entre las de que destaca la ley de vivienda, en la que Ejecutivo lleva meses trabajando.

Los objetivos marcados son: más de medio millón de actuaciones de rehabilitación hasta junio de 2026 y sentar las bases para alcanzar las 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente en el horizonte del año 2030, lo que supone multiplicar por diez en la próxima década la cifra actual de 30.000 rehabilitaciones al año, así como la construcción de 20.000 viviendas nuevas energéticamente eficientes para el alquiler social.

El impacto estimado es de más de 180.000 empleos y 13.500 millones de euros al PIB.

El plan también está llamado a modernizar el sector de la construcción para evitar nuevas burbujas especulativas y representa una oportunidad para las pymes, a las que va dirigido.

El sector de la rehabilitación tiene un potencial de crecimiento importante en España, ya que cerca del 45% de los edificios son anteriores a 1980, porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de los edificios de uso residencial, es decir, 9,7 millones de viviendas.

De estas se estima que alrededor de un millón están en estado deficiente, malo o ruinoso, que el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y que el 40% de los de cuatro o más plantas no tiene ascensor.