El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado este martes que la propuesta del Gobierno para reducir la temporalidad en las administraciones públicas es "inasumible" y le ha instado a establecer sanciones civiles, penales y administrativas a aquellas que abusen de la contratación o contraten en fraude de ley.

Así se lo ha trasladado al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con quien ha mantenido una reunión en Mérida acompañado por el responsable del sindicato en la región, Benito Román.

En declaraciones a los medios al término del encuentro, Borra ha aseverado que el planteamiento del Ejecutivo "carga las tintas" contra los trabajadores, "amenaza" con despedir al interino cuando lleve tres años en su puesto e impide utilizar estas plazas durante un año.

A ello ha sumado que niega a los empleados públicos temporales -unos 800.000 en el país- derechos y condiciones laborales, al no poder tener carrera profesional ni derecho a determinados permisos o a una indemnización.

Frente a ello, el presidente nacional de CSIF ha abogado por establecer sanciones civiles, penales y administrativas para las administraciones que abusen de la contratación o que contraten en fraude de ley.

Ha reclamado además procesos de estabilización de plazas pero adaptados a los distintos sectores y puestos, en los que la fase de concurso puntúe lo máximo que permite la ley, que en estos momentos es un 40 por ciento.

Asimismo, ha reivindicado que las plazas que salgan en las ofertas públicas de empleo sean de nueva creación y no las que están ocupadas por el personal temporal, así como abordar el proceso de temporalidad que también arrastran las empresas públicas.