El dictamen del grupo de expertos designada por la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político, del Congreso de los Diputados, ha determinado que son tránsfugas el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los cuatro diputados de Cs que firmaron la moción de censura contra él y que luego no la apoyaron.



Las conclusiones del documento, firmado el 27 de mayo, estipulan que López Miras es "inductor y beneficiario" de la conducta tránsfuga de Valle Miguélez, Isabel Franco, Francisco Álvarez y el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, expulsados de Cs y que mantuvieron sus cargos o fueron nombrados consejeros a raíz de su cambio en el sentido del voto, propiciando que la moción de censura no prosperara.



Los expertos han remarcado que los parlamentarios de la formación naranja cumplen todas las causas para ser considerados tránsfugas, según el Pacto Antitransfuguismo, como firmar una "legítima" moción de censura, separándose de sus propios actos y del criterio político de su partido por haber negociado con el presidente de la comunidad ser nombrados consejeros o mantenerse en sus cargos.



Posteriormente, ha apuntado el dictamen, los diputados se hicieron con el control del grupo parlamentario de Cs en la Asamblea Regional, partido del que han sido expulsados, apareciendo como "legítimos titulares" y desposeyendo de atribuciones a los dos parlamentarios fieles, Juan José Molina, que perdió la portavocía, y la candidata a la presidencia en la moción de censura, Ana Martínez Vidal.



Estas prácticas, arguye el documento, necesitaron del concurso y participación "activa" de López Miras, que "facilitó e indujo" la alteración de las mayorías políticas resultantes de las elecciones para evitar la moción de censura (primera causa de transfuguismo) mediante la recompensa a los tránsfugas con cargos en el Gobierno regional (segunda causa).



No obstante, el grupo de expertos ha rechazado declarar de la misma forma al resto de los consejeros autonómicos, aunque se hayan visto beneficiados al mantener sus cargos, aunque sí ha subrayado que merecen "ser objeto de reproche", al tiempo que acusa a los diputados tránsfugas de Cs de "traición" a Martínez Vidal y a Molina pactando con el PP "de forma personal y a espaldas de su formación" para mantener la mayoría gobernante.



Al respecto, el dictamen, realizado a instancias de Cs, estipula que los cuatro parlamentarios expulsados se apartaron del criterio fijado por los órganos competentes de Ciudadanos y ha añadido que la moción de censura contaba con el visto bueno de las direcciones regional y nacional de este partido.



En este sentido, los expertos aclaran que esa aprobación de los responsables del partido pudo no ser explícita para la opinión pública en el momento de la presentación de la moción, registrada el 10 de marzo, pero sí lo era "claramente" en el momento que los diputados anunciaron que cambiaban el sentido de su voto.



Además, el grupo de expertos no atiende la alegación del PP, que no lo considera un caso de transfuguismo porque Miguélez, Álvarez, Castillo y Franco se mantuvieron "fieles" al acuerdo de gobierno alcanzado en julio de 2019 entre populares y naranjas.



"Cuando esta conducta concurre con pactar con otras fuerzas políticas para mantener o cambiar el gobierno, se produce una conducta merecedora de este reproche, siendo indiferente, porque el Pacto Antitransfuguismo no lo contempla, si la formación política a la que pertenecen ha firmado o no previamente un pacto de gobierno", refleja el dictamen.



En cuanto al papel de los tres diputados expulsados de Vox, partido no firmante del Pacto Antitransfuguismo, que rechazaron la moción de censura y uno de los cuales asumió la consejería de Educación y Cultura tras la moción de censura, el grupo de expertos no realiza valoración sobre si se puede considerar tránsfuga a estos tres parlamentarios, que votaron en contra de la iniciativa, al igual que el diputado fiel a Vox.



El PP pidió la recusación del ponente del dictamen, Rafael Ibáñez Reche, al tener dudas sobre su carácter imparcial e independiente, por lo que reclamó la suspensión de la actividad de la comisión de expertos independientes hasta que no se proceda a nombrar una nueva composición que reúna la "condición de independencia, objetividad y neutralidad".