El Consejo de Ministros aprobó este viernes el texto definitivo del decreto de reforma de la negociación colectiva, que definitiva limita la prórroga de los convenios que caduquen a un máximo de ocho meses para los convenios con vigencia prevista de dos años y de 14 meses para el resto, estableciendo que si la empresa y los trabajadores no alcanzan un acuerdo en ese plazo deberán recurrir a un arbitraje.

El Gobierno reduce así el período que inicialmente concedía a la denominada ultraactividad, la prórroga automática de los convenios, ya que en el borrador remitido esta semana a los agentes sociales se fijaba como plazo máximo 20 meses. "Supone un cambio respecto a la primera versión", admitió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que ha achacado esa revisión a las consultas mantenidas con los agentes sociales.

El ministro dijo también que otra de las posibilidades de "descuelgue" de las empresas que atraviesen dificultades económicas es la de imponer su convenio sobre el provincial. Esta opción se suma a las dos cláusulas ya previstas en la reforma laboral: no aplicar las subidas salariales y modificar las condiciones de la jornada laboral.

El objetivo final del convenio es primar la elaboración de convenios en las empresas con el objetivo de ir dejando sin efecto los convenios provinciales, que el Gobierno considera un lastre para las empresas en momentos de crisis. "En España",  dijo Valeriano Gómez, "es fácil despedir y demasiado difícil adaptarse a cada circunstancia económica".

Este decreto también se da mayor protagonismo a las comisiones paritarias -trabajadores y empresarios- a la hora de interpretar conflictos sobre el convenio en lo referido a la flexibilidad interna, es decir, las condiciones de trabajo en el seno de la empresa, puesto que a sus resoluciones se les da la misma "eficacia jurídica" que al convenio.